La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) recomendó reformar el artículo 209 del Código Penal dominicano al considerar que su redacción actual presenta serias deficiencias técnicas y constitucionales que podrían afectar el ejercicio legítimo de la libertad de expresión y convertir la norma en un mecanismo de censura indirecta.
La posición es parte del documento elaborado por el vicepresidente ejecutivo de la entidad, Servio Tulio Castaños, en el que se analiza el alcance del delito de chantaje y se plantean modificaciones orientadas a distinguir con claridad las conductas extorsivas de aquellas vinculadas al ejercicio legítimo del periodismo, la crítica pública y la denuncia ciudadana.
Según el análisis, el principal problema radica en la amplitud e imprecisión de algunos conceptos empleados por la norma, particularmente la expresión “beneficio de cualquier naturaleza”, cuya falta de delimitación podría generar interpretaciones excesivamente amplias por parte de las autoridades encargadas de aplicarla.
Finjus sostiene que esa formulación afecta el principio de tipicidad penal, uno de los pilares del Estado de derecho, que exige que las conductas sancionables estén descritas de manera clara, precisa y previsible para evitar arbitrariedades.
El documento también cuestiona la estructura del tipo penal desde la perspectiva de la antijuridicidad material. A juicio de la entidad, el artículo omite causas de justificación vinculadas al interés público, la veracidad de la información y el ejercicio legítimo de derechos fundamentales, lo que podría provocar que actuaciones protegidas constitucionalmente queden expuestas a persecución penal.
Otro de los aspectos señalados es la proporcionalidad de las sanciones previstas. Finjus entiende que algunas penas y agravantes incorporadas por la disposición resultan excesivas y de difícil aplicación práctica, generando riesgos de desproporción incompatibles con los principios que rigen el derecho penal moderno.
La entidad advierte además que la configuración actual de la norma entra en tensión con el principio de mínima intervención penal, según el cual el recurso al castigo criminal debe reservarse para las conductas más graves y lesivas para la sociedad.
Sobre el chantaje
En ese contexto, el documento propone una reforma que delimite con mayor precisión los elementos constitutivos del chantaje y establezca una diferenciación inequívoca entre la extorsión orientada a obtener ventajas indebidas y el ejercicio legítimo de la libertad de expresión, la crítica pública, la actividad periodística y la denuncia de hechos de interés general.
Para Finjus, una revisión legislativa permitiría fortalecer la seguridad jurídica, evitar interpretaciones expansivas del derecho penal y restablecer la coherencia dogmática y constitucional de una disposición que, en su formulación actual, podría generar conflictos con derechos fundamentales.
