El Instituto de Derechos Humanos de la World Jurist Association, conocida en español como la Asociación Mundial de Juristas, advirtió al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional de la República Dominicana sobre “la obligación ineludible” de declarar extinguida la acción penal contra el exprocurador general Jean Alain Rodríguez, quien encabeza uno de los más grandes casos de corrupción administrativa.
La entidad que, dice, agrupar a jueces, abogados, académicos y profesionales del Derecho de más de 155 países, entiende que debe ponerse fin al proceso judicial contra el exfuncionario por haberse “sobrepasado el plazo máximo de duración” de cuatro años establecido por la propia ley procesal interna.
De acuerdo con una comunicación de prensa, compartida este martes por el equipo de comunicación del exprocurador general, con el informe de la mencionada organización internacional que supuestamente se depositó al tribunal dominicano que conoce el juicio de fondo, el escrito con la recomendación se hizo en calidad de amicus curiae (amigo de la corte o tribunal).
En horas de la tarde de este martes, la Secretaría del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional informó a Diario Libre que no había recibido la sugerencia, aunque dijo que sí se escuchó citarla por la defensa del imputado en la audiencia del lunes.
En el informe, la Asociación Mundial hace un repaso de la jurisprudencia internacional y, al respecto, concluye también que el Estado tiene la responsabilidad de evitar dilaciones que desnaturalicen la justicia y que la extinción de la acción penal es el remedio jurídico necesario ante tales infracciones convencionales.
- “La obligación ineludible de todo órgano jurisdiccional de declarar extinguida la acción penal cuando el Estado ha sobrepasado el plazo máximo de duración del proceso penal establecido por la propia ley procesal interna y, de manera simultánea, ha conculcado la garantía del plazo razonable consagrada en los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos vinculantes para la República Dominicana”, subraya.
Según el escrito, Jean Alain Rodríguez Sánchez “permaneció aproximadamente cuatro años privado de libertad entre prisión preventiva y arresto domiciliario, período que coincide con el plazo máximo legal previsto para la duración del proceso” y que el proceso “se aproxima a los seis años”.
La opinión jurídica institucional suscrita por su presidente, Juan Carlos Gutiérrez, sostiene que las dilaciones procesales verificadas son atribuibles al Estado, concluyendo además que no existe en el expediente decisión judicial o mención de que Rodríguez Sánchez haya incurrido en tácticas dilatorias que permitan extender este plazo.
Su denuncia ante la ONU
De acuerdo con una publicación de Diario Libre, del 06 marzo del 2022, el presidente del Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Mundial de Juristas, Juan Carlos Gutiérrez, también denunció ante la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a Michelle Bachelet Jeria, que alegadamente el exprocurador Jean Alain Rodríguez era víctima de violación de sus Derechos Humanos.
Gutiérrez señaló en su misiva a la Alta Comisionada que la Organización Mundial de Juristas estudió el procedimiento judicial seguido al exprocurador, “observando desproporcionalidad en la medida de privación de libertad en su contra, además de ser innecesaria, considerando su arraigo familiar, personal y profesional en el país, su asistencia voluntaria ante la sede de la Procuraduría General”.
Respecto al plazo máximo legal en los procesos penales, la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, reiteró el lunes que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional dominicano ha establecido que el plazo para la extinción de la acción penal «no es matemático», sino que debe considerar la magnitud y complejidad del caso.
Por consiguiente, Ortiz confía en que el Segundo Tribunal Colegiado no declarará la extinción de la acusación.
