La Jueza de la Segunda Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional Clara Luz Almonte Gómez, impuso una medida de coerción de 5 millones de dólares o su equivalente en pesos dominicanos a las sociedades Dynex Energy Group y Dynex Energy RD, quienes trajeron al país la central eléctrica flotante Karpowership, que genera y suministra electricidad directamente a las redes de transmisión terrestre y opera en Azua.
El tribunal autorizó trabar embargos contra Carlos Matamoros Bregni, representante en la República Dominicana de Karpowership, del grupo turco Karadeniz Holding, y contra las sociedades Dynex Energy Group y Dynex Energy.
El embargo retentivo e hipoteca judicial sobre los inmuebles de ambas sociedades y Matamoros Bregni se impuso a fin de evitar su insolvencia mientras se conoce una demanda de pago por la Empresa Transcaribbean Energy Partners & Consulting (TEPC), que reclama el cobro del 55 % del proyecto por su participación pactada en las barcazas turcas de Azua.
La decisión está contenida en la Resolución núm. 040-2026-TRMC-00006-A, del 26 de mayo de 2026, y fue notificada a las partes el 2 de julio.
Al salir de una audiencia este martes, la cual fue aplazada para septiembre, el abogado de la parte demandada, Paúl Concepción, afirmó que el contrato que alega la Empresa Transcaribbean Energy Partners & Consulting (TEPC), quedó sin efecto en el 2019.
Explicó que la Corporación de Empresas Eléctricas de Electricidad lo canceló y adjudicó a sus representantes en otro proceso de licitación que inició en el 2023 por tres años y que son totalmente diferentes en requerimientos técnicos y procesales.
Concepción sostiene, también, que la demanda en cobros en pesos y la validez del embargo retentivo está pendiente de fallo en un tribunal civil.
El acuerdo entre las partes, según querellante
El querellante afirma que el reclamo nace del acuerdo del 25 de mayo de 2018, mediante el cual Dynex designó, con carácter de exclusividad al vehículo corporativo creado Transcaribbean Energy Partners & Consulting (TEPC), identificada como tal en el Anexo A del propio acuerdo.
Lo pactado, añade, era que Transcaribbean Energy Partners & Consulting (TEPC), socio local para el proyecto de generación térmica en la República Dominicana, tendría una distribución de 55 % y los restantes 45 % para Dynex sobre los fondos que generará el proyecto.
Ese proyecto se materializó: las dos barcazas de 188 megavatios de Karpowership Dominican Republic operan hoy desde Puerto Viejo, playa Los Negros, en Azua, según la concesión recomendada por la Resolución CNE-CD-006-2023.
Según la parte querellante, un auxilio judicial tramitado a través de la Superintendencia de Bancos documentó dieciocho 18 transferencias de Karpowership a Dynex entre marzo y abril de 2025.
Conforme a la acusación, el señor Matamoros Bregni y las sociedades Dynex recibieron RD$15,098,459.04 y US$3,098,396.71 derivados del proyecto, montos sobre los cuales correspondía al querellante el 55 % pactado.
«Pese a haber cobrado esas sumas millonarias, no han cumplido con lo pactado: esa participación nunca se ha pagado«, aseguran los demandantes.
Los reclamos por vía extrajudicial no prosperaron, lo que obligó a la querellante a acudir a los tribunales.
Explican en un comunicado de prensa que el proyecto pactado no fue una concesión gratuita y que durante seis años la firma Transcaribbean Energy Partners & Consulting «invirtió tiempo y recursos propios» para hacerlo viable.
«Viajes internacionales sufragados por ella, participación directa en los estudios técnicos, y la presentación de los técnicos, consultores y contactos institucionales del sector eléctrico y ambiental necesarios para materializarlo. Ese trabajo abrió la puerta al Proyecto», sostienen.
