Colombia es, penosamente, un espejo en el cual deben verse República Dominicana y otros países de América Latina. De forma gradual, las calificadoras de riesgo han ido reduciendo la calificación de riesgo soberano del país sudamericano. En 2021, Standard and Poor’s degradó la calificación de grado de inversión a especulativo. La pasada semana, la redujo de BB a BB-. Solo una calificadora, Moody’s, mantiene la calificación de grado de inversión, pero en el último peldaño usado por esa institución, Baa3.
En el orden económico, Colombia presenta varios problemas. Entre las dificultades, está la inflación, bajo crecimiento económico y unas finanzas públicas con altos déficits. Para el pasado año, la presión fiscal de Colombia fue de 25.7 %; sin embargo, el gasto público finalizó en 31 % del PIB, de acuerdo con Standard and Poor’s.
A un país con déficits superiores a 5 y 6 %, la irresponsabilidad fiscal termina pasándole factura. En lugar de controlar el gasto público, la práctica ha sido mantener altos niveles de expendio. Elevar el gasto es una receta para la insostenibilidad fiscal, y para el deterioro de la economía de un país. Cuando los gobiernos intentan que las recaudaciones sigan el ritmo del gasto público, la espiral no cesa. Los déficits resultantes deben ser financiados con deuda. En el caso de alcanzar aumentos en las recaudaciones, pero usándolos para gastar más, continúa el endeudamiento. Lo hemos experimentado en República Dominicana.



