La jueza de la Oficina Judicial de Atención Permanente del distrito judicial de Santiago aplazó para el próximo miércoles, a las 9:00 de la mañana, la audiencia de medida de coerción contra los diez imputados vinculados a la Operación XL526.
La magistrada Wendy Tavárez adoptó la decisión luego de que la defensa alegara que no había recibido el expediente completo ni acceso a los elementos de prueba depositados por el Ministerio Público.
El Ministerio Público solicita un año de prisión preventiva como medida de coerción contra los diez imputados, además de que el caso sea declarado de tramitación compleja.
La acusación establece que los procesados formarían parte de una estructura criminal que operaba desde el distrito municipal de Jacagua, en Santiago, dedicada a la comisión sistemática de estafas, chantajes y obtención ilícita de fondos, principalmente contra víctimas en Estados Unidos.
El abogado Miguel Díaz, representante legal de uno de los imputados, denunció que ha presentado un incidente por presuntas violaciones a derechos fundamentales de su defendido durante el proceso de detención.
Aseguró que dispone de pruebas documentales y videográficas que respaldan sus alegatos.
Informó que las evidencias serán presentadas ante el tribunal.
En la misma línea, el abogado José Reynoso, dijo que ha presentado problemas para reunirse con su cliente.
Además, afirmó que aún no ha recibido el expediente del caso, lo que le impide preparar adecuadamente su estrategia de defensa.
Entre los imputados figuran Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Ariel Sosa Almonte.
También Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo, Yusmery Altagracia Cabrera, Danny Rafael Lantigua y Julio Antonio Peralta del Rosario.
Los afectados
- Hasta el momento, las autoridades han identificado al menos 18 víctimas.
Según el expediente, la red utilizaba herramientas tecnológicas y plataformas digitales para captar víctimas mediante anuncios publicitarios.
Posteriormente, los afectados eran intimidados con amenazas y simulaciones de pertenecer a organizaciones criminales internacionales, incluyendo el llamado “Cártel de Sinaloa”.
