El exdirector administrativo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Juan Francisco Álvarez Carbuccia, uno de los diez imputados por la presunta estafa al Estado y el sabotaje a la red semafórica, solicitó hace más de un año la devolución de los bienes que le fueron incautados durante un allanamiento en su residencia en octubre de 2024.
En esa lucha judicial con el Ministerio Público, Álvarez Carbuccia consiguió que en junio del 2025 la jueza acogiera su petición y ordenara la restitución de dichos bienes, entre ellos un celular Samsung S3, cuya entrega aún sigue pendiente por parte del Ministerio Público.
Al acoger la solicitud del acusado, la jueza Patricia Alejandra Padilla Rosario, del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, condenó a la Procuraduría General de la República “al pago de un astreinte por la suma de Veinte Mil Pesos Dominicanos (RD$20,000.00) diarios, por cada día de retardo en el cumplimiento de lo ordenado”, cita la resolución de la magistrada.
En ese sentido, los 7 millones que reclama Álvarez Carbuccia es la suma correspondiente al astreinte o penalidad que se le impuso al órgano acusador por no concluir con la devolución de las propiedades del imputado, al faltar por entregarle el celular Samsung S3.
Así lo aclaró el abogado Jhon Manuel Frías Frías, representante de Álvarez Carbuccia, quien confirmó que todos los demás bienes le fueron entregado a su cliente pero queda pendiente el dispositivo.
“La audiencia conocida en el día de hoy (martes) no tuvo por objeto conocer aspectos relacionados con el proceso penal principal ni con los hechos de la acusación. Se trató exclusivamente de una incidencia derivada de la ejecución de una decisión judicial previamente dictada”, sostuvo.
