El Ministerio Público solicitó este miércoles a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal que imponga prisión preventiva, como medida de coerción, a un hombre acusado de la muerte de su hijastra de ocho meses, el pasado mes de abril.
Joel Carmona Pinales, de 25 años de edad, es señalado como autor de homicidio voluntario y actos de tortura y barbarie, cometidos contra la infante mientras se encontraba en la residencia donde recién convivía con la madre de la niña, ubicada en el sector Jeringa, de San Cristóbal.
El órgano persecutor indica en una nota de prensa que la autopsia practicada al cadáver por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) estableció que se trató de una muerte violenta y rápida, «de etiología médico legal homicida», teniendo como causa el Síndrome del Niño Maltratado.
Evidencias que presentaba la bebé
Detalla que el cadáver presentaba varias evidencias, como deformidad facial derecha por contusión y edema y huella de mordedura humana en la mandíbula y el cuello (compatibles con la dentición del imputado), además de fractura craneal, hemorragia, contusión y edema cerebral y pulmonar.
Con relación al caso, la instancia precisa que el hecho ocurrió en horas de la madrugada del día 19 de abril mientras la víctima dormía.
Indica que Carmona Pinales levantó a la niña por el cuello, y, que, al notar que la madre lo miraba la soltó y la colocó en la cama. Al verificar su estado, la madre se percató de que su hija se sentía mal, por lo que la llevó a un hospital de la zona donde se declaró su muerte.
Tipos penales
La Fiscalía de San Cristóbal indicó en la solicitud de medida de coerción que la conducta de Carmona Pinales encuadra en los tipos penales descritos en los artículos 295 y 303-4-1 del Código Penal Dominicano, los cuales tipifican y sancionan el homicidio voluntario y los actos de tortura y barbarie en contra de niños, niñas o adolescentes.
La solicitud está sustentada con distintas pruebas testimoniales, documentales y periciales que comprometen la responsabilidad penal del imputado, por lo que el Ministerio Público sostiene que la prisión preventiva es la medida de coerción que debe imponérsele, «ya que dichas pruebas son suficientes para sostener, razonablemente, que el procesado es autor de los hechos que se le atribuyen y por existir el peligro de fuga».
El Ministerio Público solicitó al tribunal de San Cristóbal que envíe al imputado al Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-XX) Najayo Hombres.
La audiencia fue fijada para el próximo viernes, 15 de mayo de 2026, a partir de las 9:00 de la mañana.
