La magistrada del Tribunal Constitucional (TC) Army Ferreira consideró necesario impulsar un cambio cultural desde la familia, la sociedad y el sistema educativo para erradicar la violencia de género e intrafamiliar, al advertir que la creación de leyes por sí sola no es suficiente para enfrentar este problema.
Ferreira hizo el planteamiento durante su participación en el panel «Rompiendo el silencio: un análisis jurídico y social de la violencia doméstica en la República Dominicana», realizado como parte del quinto viaje de una delegación oficial de senadores del estado de Nueva York a República Dominicana, encabezada por el senador Luis Sepúlveda.
La jueza constitucional sostuvo que el país cuenta con un marco normativo adecuado y forma parte de importantes instrumentos internacionales para la protección de los derechos de las mujeres. Sin embargo, señaló que todavía persisten patrones culturales que reproducen desigualdades.
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Cambio cultural necesario
En ese sentido, planteó la necesidad de desmontar estereotipos y promover una cultura de igualdad que reconozca las capacidades de las mujeres para participar y liderar en los distintos ámbitos de la sociedad.
Ferreira señaló que una de las ideas arraigadas en muchos hogares es la concepción de que el hombre es la cabeza de la familia, una premisa que, a su juicio, puede influir en la manera en que son educadas las niñas y en las expectativas que se crean sobre su papel en la sociedad.
«Entonces, partiendo de esta premisa, nuestras niñas son criadas bajo el parámetro de que jamás tendrán la capacidad de dirigir, sino que tienen la necesidad de ser dirigidas. Y esa sola frase es una manifestación sutil de la más grande manifestación de violencia contra la mujer», expuso.
La magistrada consideró que estas concepciones trascienden el ámbito familiar y pueden reflejarse posteriormente en espacios sociales, económicos y políticos, donde las mujeres todavía enfrentan obstáculos para acceder a posiciones de dirección y toma de decisiones.
Por ello, insistió en que es necesario transformar esas creencias y reconocer a las mujeres como personas plenamente capaces de ejercer funciones de liderazgo en igualdad de condiciones.
Medidas de prevención y protección
La jueza recordó que la Constitución dominicana reconoce el derecho de todas las personas a la integridad física, psíquica y moral, así como a vivir una vida libre de violencia, y condena la violencia contra la mujer y la violencia intrafamiliar.
Explicó que la responsabilidad del Estado no termina con la aprobación de leyes, sino que también incluye la prevención, persecución de los agresores, protección de las víctimas y aplicación efectiva de las normas.
Ante las deficiencias que, según reconoció, todavía existen en el sistema, Ferreira recomendó fortalecer la especialización de los profesionales que intervienen en los casos de violencia de género e intrafamiliar.
A su entender, una atención adecuada a las víctimas requiere personal capacitado para abordar este tipo de situaciones y brindar acompañamiento durante los procesos.
También valoró de manera positiva la experiencia de los centros conductuales para hombres, donde se trabaja con los agresores en aspectos psicológicos y conductuales durante el proceso judicial.
La magistrada propuso ampliar este modelo a otras provincias y municipios, principalmente en las zonas con mayor concentración poblacional.
Propuestas de casas de acogida
Otra de sus propuestas fue ampliar la red de casas de acogida para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, con la sugerencia de establecer al menos una en cada distrito judicial.
Explicó que estos espacios deben ofrecer una atención integral que incluya alojamiento seguro, asistencia psicológica, acompañamiento durante los procesos judiciales y capacitación para facilitar la inserción laboral de las víctimas.
Ferreira destacó además la importancia de fortalecer la autonomía económica de las mujeres, al considerar que contar con herramientas para generar ingresos puede contribuir a romper los ciclos de violencia y favorecer su independencia.
En el panel participaron Daisy Montás, jueza de la Corte de Apelación del Distrito Nacional; Fiordaliza Rodríguez, jueza del sistema judicial del estado de Nueva York; Michelle Perezfuente Hiciano, abogada litigante y exjueza del Poder Judicial dominicano, y Senaya Hernández, abogada titular del servicio de acompañamiento legal a víctimas de Profamilia.
La actividad fue moderada por María Lizardo, directora ejecutiva de la Northern Manhattan Improvement Corporation (NMIC).
