El empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González, acusado de pagar más de 108 millones de pesos en sobornos para obtener contratos de seguridad en la ARS Senasa y las empresas distribuidoras de electricidad (EDE), según su defensa, fue víctima de extorsión por parte de funcionarios públicos.
El abogado Carlos Balcácer afirma que Rodríguez González debió ser presentado como testigo o víctima y no como imputado de cohecho.
El contratista figura entre las 14 personas imputadas en la presunta red —en su mayoría militares—, dentro de la cual se incluye al mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de Seguridad de Edesur. Al grupo se le acusa de exigir sobornos a cambio de favorecer al empresario en las licitaciones de seguridad.
Este lunes, el juez del Séptimo Juzgado de Instrucción, Deiby Timoteo Peguero, aplazó la audiencia preliminar por la licencia médica presentada por uno de los imputadas y la falta de traslado de otros dos que están en arresto domiciliario.
El acusado que presentó una licencia médica es exdirector de Edenorte, coronel de la Fuerza Aérea Andrés Pacheco Valera, mientras que los que no fueron trasladados al tribunal son el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos y el coronel del Ejército Ramón Quezada Ortiz, miembros de seguridad de Inaipi y Edeeste, respectivamente.
La audiencia fue postergada para el 5 de octubre a las 9:00 de la mañana también para que fueran notificadas las partes de las “concretizaciones civiles” de los abogados del Estado que procuran resarcimiento económico para el erario público.
Dice faltan más funcionarios
Balcácer afirma que los pagos por los contratos de seguridad a Quilvio Bienvenido Rodríguez González, propietario de la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral S.R.L. (Senase), se le retrasaban para que este accediera a pagar las coimas.
Asevera que fue su cliente quien aportó los documentos, nombres de los restaurantes y las oficinas en donde se “reunió” con los “extorsionistas” que les exigían “un porcentaje” para que los pagos por los contratos los recibiera puntuales.
- “Era una estructura vinculada al calendario de pago” a los contratistas, dijo, y afirmó que en el caso de corrupción no están todos los funcionarios que participaron en la presunta red.
Agrega que la misma acusación del Ministerio Público explica que se le exigía al empresario “por ejemplo, 700 mil pesos, y él decía que no podía pagar ese dinero, y quedaron en 500 mil. Otro le pidió 2 millones, y quedaron en un millón de pesos. O sea, a este señor lo desvalijaron prácticamente para que él cobrara al día en el Banco de Reservas”.
Los demás acusados
Por el caso de sobornos, cuya investigación se denomina Operación Lobo, también se imputan al coronel del Ejército Francisco Guarín Fernández Vásquez, exdirector de seguridad de Inaipi, al coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz, miembro del Departamento de Seguridad de EdeEste; el civil Bolívar Nicolás Fernández, exencargado de Edenorte; y el coronel del Ejército Luis Ernesto Vicioso Bocio, exdirector de seguridad de EdeEste.
El expediente, igualmente, incluye al coronel del Ejército Elías Caamaño Pérez, excoordinador de Seguridad Patrimonial de la Dirección Ejecutiva del Seguro Nacional de Salud (Senasa) y al de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar.
Además, fueron acusadas las razones jurídicas Servicios Senase y El Niño Prodigio EIRL, propiedad de Quilvio Bienvenido Rodríguez. También, Magestym Waste & Recycling Company SA y Magesty Recycling SRL, de Bolívar Nicolás Fernández Espinal y Miguelina Antonia Rosario Sánchez.
