El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) advirtió este lunes que el proyecto impulsado por el Gobierno para instalar puertos secos en la frontera dominico-haitiana podría desplazar a pequeños y medianos comerciantes que históricamente han sostenido el intercambio comercial con Haití y favorecer la concentración de la actividad en grandes operadores económicos.
En un comunicado, la organización expresó preocupación por la implementación del Decreto 166-26, mediante el cual el Poder Ejecutivo declaró de alto interés nacional el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de puertos secos en la zona fronteriza.
El partido sostuvo que, aunque la iniciativa persigue objetivos como ordenar el comercio y fortalecer los controles, el modelo podría alterar la dinámica económica que durante décadas ha servido de sustento para miles de familias de la frontera.
“El comercio dominico-haitiano no fue construido por grandes corporaciones multinacionales ni por élites económicas alejadas de la realidad fronteriza”, afirmó el PLD, al señalar que esa actividad fue desarrollada por comerciantes, transportistas, productores y pequeños emprendedores que consolidaron uno de los mercados binacionales más activos del Caribe.
Según el partido, más de 13 mil comerciantes dependen directamente de la dinámica comercial fronteriza y el impacto indirecto alcanzaría a más de 100 mil personas entre familias, trabajadores informales, productores agrícolas y suplidores en provincias como Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales.
El PLD planteó que cualquier proceso de modernización debe garantizar que los actores tradicionales permanezcan dentro del modelo económico. “La modernización no puede significar el desplazamiento de los actores económicos tradicionales de la frontera ni la concentración del comercio en pocas manos”, indicó.
Uno de los principales cuestionamientos del partido se concentra en los requisitos exigidos para operar los puertos secos. La organización argumentó que las condiciones técnicas, financieras y operativas previstas podrían resultar inaccesibles para gran parte del comercio tradicional fronterizo.
“La realidad es que esas exigencias técnicas, financieras y operativas resultan prácticamente imposibles de cumplir para la mayoría de los comerciantes tradicionales de la frontera”, sostuvo el PLD, que advirtió que eso podría transferir la actividad comercial hacia operadores con mayor capacidad de inversión.
Además, el partido alertó sobre posibles efectos secundarios, entre ellos el desplazamiento de pequeños y medianos comerciantes, una eventual concentración del mercado y riesgos asociados al contrabando y al ingreso irregular de mercancías al territorio dominicano.
El comunicado también cuestionó cómo coexistiría el nuevo esquema con los puestos interagenciales ya instalados en la frontera y pidió claridad sobre los mecanismos de coordinación institucional y control aduanero.
Qué establece el decreto de puertos secos
El Decreto 166-26 fue emitido el 16 de marzo de este año, luego de que el presidente anunciara durante su rendición de cuentas del 27 de febrero el fortalecimiento de la infraestructura fronteriza y una red de puertos secos como parte de la estrategia logística y comercial del Gobierno.
La medida declara de alto interés nacional la creación de puertos secos en la zona fronteriza y autoriza su instalación en Dajabón, Elías Piña, Independencia y Pedernales. El decreto define estas instalaciones como extensiones terrestres de puertos marítimos y aeropuertos para operaciones de comercio exterior bajo control aduanero.
También establece que, por el momento, solo podrá existir una instalación de este tipo por cada provincia fronteriza autorizada.
Entre los requisitos para obtener habilitación, el artículo 5 exige desarrollar una terminal intermodal terrestre con infraestructura vial para transporte de carga, patios de contenedores, almacenes logísticos, áreas de inspección aduanera, sistemas tecnológicos de trazabilidad, redes de telecomunicaciones, medidas de seguridad e infraestructura energética y ambiental.
El cumplimiento de esas condiciones será obligatorio para optar por una licencia de operación.
El decreto dispone además que los proyectos deberán obtener autorizaciones del Consejo Nacional de Logística y quedar bajo supervisión permanente de la Dirección General de Aduanas (DGA).
Como alternativa, el PLD propuso que cualquier reforma del comercio fronterizo incluya protección al comercio tradicional, participación de productores y comerciantes en la gobernanza de los puertos secos, mecanismos estrictos contra el contrabando y transparencia en la selección de operadores para evitar monopolios.
