La corrección del nuevo Código Penal comenzó a tomar velocidad en el Congreso y apenas un día después de que la Cámara de Diputados abriera un proceso para recibir propuestas de modificación a la ley, los legisladores ya tienen sobre la mesa propuestas que plantean cambios en al menos diez temas de la normativa.
Las propuestas depositadas abarcan desde la entrada en vigencia del Código Penal hasta disposiciones sobre el ejercicio de la medicina, la responsabilidad penal de las empresas por atentados e injurias, las infracciones que provocan incapacidad laboral, los delitos de difamación e injuria, el ultraje y su persecución, la difusión de audios e imágenes sin consentimiento y la expedición de certificados falsos sobre el estado de salud.
Hasta la fecha, todas las propuestas provienen del mismo Congreso y, según informó el diputado Wandy Batista, quien dirigirá los trabajos de revisión, el proceso se acelerará aún más a partir de este jueves, cuando el equipo esté completado por una comisión bicameral que empezará a ver algunas propuestas externas.
La primera propuesta que se maneja en el Congreso es una de las principales, ya que está firmada por voceros de los principales partidos en el Poder Legislativo y parte del bufete directivo.
Los cambios
La iniciativa suscrita por los voceros de los principales partidos y miembros del bufete directivo concentra la mayor cantidad de cambios. Entre ellos figura una modificación al delito de difusión de audios, imágenes o videos sin consentimiento para limitar su aplicación a contenidos obtenidos en el ámbito privado que afecten la intimidad, el honor o la dignidad de la persona.
Además, elimina como agravante el hecho de que la publicación se realice a través de redes sociales o plataformas digitales de acceso masivo.
El proyecto también propone cambios a los delitos de difamación, injuria y ultraje, tres de los artículos que han recibido mayores cuestionamientos por organizaciones periodísticas y de la sociedad civil.
En el caso de la difamación, reduce las penas de prisión y redefine el delito de ultraje para excluir expresamente las críticas, las protestas pacíficas, la sátira y el ejercicio de la libertad de prensa, siempre que no impliquen amenazas, violencia o expresiones gravemente injuriosas.
Otra de las modificaciones busca reducir la responsabilidad penal de las empresas en los casos de difamación e injuria. La propuesta establece que los medios de comunicación no podrán ser clausurados ni suspendidos por este tipo de infracciones y que solo responderá penalmente el autor material de la expresión, sin que esa responsabilidad se extienda a directores, editores, propietarios o empresas periodísticas.
El proyecto también introduce ajustes al artículo que sanciona la expedición de certificados médicos falsos. Entre otros cambios, limita una de las agravantes únicamente a los médicos forenses que actúen en funciones públicas.
La medicina
Además de esa iniciativa, la comisión estudia un segundo proyecto presentado por el diputado Rogelio Genao, enfocado principalmente en la responsabilidad penal derivada del ejercicio de la medicina.
La propuesta establece que los profesionales de la salud solo podrán ser condenados penalmente cuando la muerte o las lesiones de un paciente sean consecuencia directa de una falta grave.
El proyecto también dispone que no habrá responsabilidad penal contra los doctores cuando el resultado obedezca a riesgos propios de un procedimiento médico, a la evolución natural de la enfermedad, a deficiencias estructurales de los centros de salud o a actuaciones realizadas en situaciones de emergencia con la diligencia exigible.
Además, el proyecto modifica los artículos sobre atentados culposos contra la vida, incapacidad laboral y responsabilidad penal de las personas jurídicas para incorporar esas mismas reglas al juzgar a hospitales y demás establecimientos de salud, con el propósito de diferenciar la negligencia médica de los riesgos propios de la práctica profesional.
El último proyecto que ve la comisión es uno elaborado por el diputado Charlie Mariotti, en el que busca que el nuevo Código Penal no entre en vigencia en agosto, como originalmente está estipulado, sino en noviembre de este año.
Con el paquete de iniciativas presentadas a solo un día de que se abriera la ronda de propuestas, la Cámara de Diputados ya cuenta con sus primeros insumos para modificar un Código Penal que ha sido objeto de críticas y de recursos inconstitucionales.Los diputados recibirán propuestas hasta el 15 de julio y luego iniciarán las discusiones para modificar la ley.
