En la actualidad, los activos digitales crecen de forma sostenida y generan millones de transacciones diarias en el mercado internacional, una realidad de la que la República Dominicana se mantiene al margen y que un recurso busca modificar.
La semana pasada, el Tribunal Constitucional dejó en estado de fallo una acción directa de inconstitucionalidad que ataca la falta de regulación legal sobre los activos virtuales en el país. La iniciativa también procura que la alta corte exhorte al Poder Legislativo a responder ante la omisión prolongada en materia de criptomonedas y activos digitales.
El accionante, Marino Marrero Báez, sostiene en su solicitud que, pese a su uso sostenido durante más de una década, no existe un marco normativo claro que regule estas operaciones.
“No obstante esta ausencia legislativa, en la práctica se han generado criterios administrativos, advertencias institucionales y prácticas de exclusión que producen restricciones generales y automáticas, sin acto administrativo formal, sin procedimiento y sin motivación individualizada”, establece el recurso.
No son moneda de curso legal
El Banco Central, en 2021, reiteró un comunicado de 2017 en el que aclaraba que los activos virtuales (como Bitcoin, Litecoin y Ethereum, entre otros) no son “una moneda de curso legal y, por consiguiente, no gozan del respaldo del Estado”.
- En la República Dominicana, la regulación de criptoactivos se caracteriza por una postura de advertencia y exclusión del sistema financiero formal, más que por la existencia de un marco legal integral.
Mediante esta acción, se solicita al tribunal que declare la existencia de una omisión legislativa en la materia y la inconstitucionalidad de las interpretaciones normativas, prácticas administrativas o criterios de alcance general que, en ausencia de ley formal, imponen restricciones o bloqueos de facto sobre el uso de dichos activos digitales privados.
