El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina, afirmó este jueves que la inteligencia artificial representa una herramienta de apoyo para el ejercicio del derecho, aunque enfatizó que nunca podrá reemplazar la conciencia, la prudencia ni la responsabilidad moral de los juristas.
Durante la juramentación de 1,239 nuevos profesionales del derecho, Molina señaló que tecnologías como la inteligencia artificial ya permiten localizar normas, analizar precedentes, revisar contratos y elaborar borradores en cuestión de segundos.
Sin embargo, sostuvo que las decisiones jurídicas seguirán requiriendo criterio humano y un compromiso ético con la dignidad de las personas.
«Ninguna tecnología puede prestar juramento, responder moralmente por una decisión, asumir la responsabilidad de una firma ni comprender plenamente la angustia de las personas cuyos derechos, libertades o proyectos de vida dependen de un proceso judicial”, subrayó el magistrado a través de un comunicado de prensa.
En ese sentido, exhortó a la nueva generación de abogados a utilizar las herramientas tecnológicas con responsabilidad y siempre al servicio de la justicia.
- El presidente de la SCJ advirtió que el avance tecnológico debe ir acompañado de mayores estándares éticos, al considerar que la innovación pierde legitimidad cuando prioriza la eficiencia por encima de los derechos fundamentales.
Molina explicó que el valor diferencial de los profesionales del derecho estará cada vez más en su capacidad para discernir, actuar con integridad y comprender el impacto humano de sus decisiones, en un contexto donde el acceso a la información dejará de ser la principal ventaja competitiva.
Visión de futuro
El magistrado recordó que la Suprema Corte de Justicia impulsa el Plan Justicia del Futuro 2034, una iniciativa que concibe la transformación judicial no solo como un proceso de modernización tecnológica, sino también como un cambio institucional y cultural centrado en las personas.
Explicó que esta hoja de ruta tiene entre sus objetivos mejorar los servicios judiciales, ampliar el acceso a la justicia, reducir las demoras, fortalecer la transparencia y proteger la dignidad de quienes acuden al sistema judicial.
