Organizaciones dedicadas a la prevención y tratamiento de las adicciones en la República Dominicana reclamaron la aplicación de la Ley 155-17 que establece la entrega del 15 % de los bienes incautados, decomisados y en extinción de dominio, que entre 2020 y 2023 alcanzó la suma de 3,000 millones de pesos.
Las entidades Centro de Restauración Gabaón, Ministerio Evangelístico Carcelario Rescatando Adictos para Cristo, Centro de Rehabilitación Nuevo Renacer, Fundación Dios es Fiel, Fundación Fénix y la Asociación Casa Abierta, entre otras, expresaron su preocupación por el incumplimiento de la Ley.
Las entidades consideran que el proceso representa una oportunidad clave para que se cumpla la ley que establece la asignación de un porcentaje de los recursos recaudados a programas sociales.
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De acuerdo con las asociaciones, el director del Incabide, Manuel Oviedo Estrada, les aseguró previamente que el 15 % de los fondos obtenidos en la subasta será destinado a organizaciones que trabajan en la atención de personas con trastornos por uso de sustancias.
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Sin embargo, manifestaron preocupación tras conocer declaraciones que indican que los recursos irían directamente al Fondo General de la Nación.
Denunciaron que durante años han reclamado sin éxito la entrega de estos recursos, señalando una historia de incumplimientos y cambios legales que han debilitado su capacidad de acción, especialmente en comunidades vulnerables.
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Sin recursos no pueden operar
Las organizaciones también advirtieron que las políticas actuales, centradas en el control y la represión del narcotráfico, han demostrado ser insuficientes. En cambio, proponen fortalecer estrategias de prevención, tratamiento y reducción de la demanda, con financiamiento estable y sostenido en el tiempo.
En ese contexto, plantean la necesidad de establecer mecanismos claros en el reglamento de la Ley 60-23 para garantizar la asignación de fondos a estas iniciativas, reconociendo el problema de las adicciones como un tema de salud pública y derechos humanos.
