El Tribunal Superior Administrativo (TSA) ratificó la suspensión del Registro de Proveedores del Estado de dos empresas, ordenada por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) en noviembre de 2025, tras ser vinculadas a una estructura dedicada a manipular procesos de compras gubernamentales mediante prácticas fraudulentas.
La decisión está contenida en la sentencia 0030-01-2026-SSMC-00002, dictada el 16 de enero de 2026, mediante la cual el tribunal rechazó la solicitud de medida cautelar anticipada presentada por las empresas Inversiones Qtek, S.R.L., y Mediterráneo Investments Group, S.R.L., y mantuvo vigente la suspensión preventiva de sus registros.
De acuerdo con la información divulgada por la DGCP, la medida fue adoptada a partir de una solicitud del Ministerio Público, que mantiene abierta una investigación penal relacionada con estas sociedades por presuntamente manipular procesos de contrataciones con el Estado.
En ese sentido, el juez presidente del TSA, Diomede Villalona, consideró que la institución actuó dentro de las facultades que le confiere la legislación como órgano rector del sistema de contrataciones públicas.
El tribunal determinó, además, que la suspensión está sustentada en el artículo 14 de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas y en el artículo 19 de su reglamento, establecido mediante el Decreto 416-23.
¿Qué implica la suspensión?
La decisión del TSA establece que la suspensión del Registro de Proveedores del Estado constituye una medida temporal que impide a las empresas participar en nuevas adjudicaciones mientras permanezca vigente.
Sin embargo, la medida no afecta la ejecución ni el pago de los contratos adjudicados previamente. Esto significa que las instituciones contratantes deben cumplir con los compromisos correspondientes a obras o servicios ya contratados y entregados por las empresas.
El tribunal también rechazó el argumento de las compañías sobre un supuesto perjuicio económico irreparable derivado de la suspensión, al considerar que la medida no genera, en esta etapa del proceso, consecuencias económicas que no puedan ser reparadas posteriormente.
La DGCP indicó que la suspensión se mantendrá mientras avancen las investigaciones a cargo del Ministerio Público y hasta que se produzca una decisión sobre el recurso contencioso principal.
