El exprocurador general de la República Francisco Domínguez Brito solicitó al presidente Luis Abinader disponer una investigación exhaustiva e independiente sobre las muertes ocurridas durante operativos policiales y la posible existencia de una estructura criminal que busque monopolizar el microtráfico de drogas en el país.
En una carta pública fechada este 22 de octubre, Domínguez Brito planteó la necesidad de establecer si algunas de las muertes presentadas como presuntos intercambios de disparos pudieran estar relacionadas con la «eliminación selectiva de personas vinculadas al negocio de las drogas para facilitar el control de determinados territorios por parte de otros grupos.
El exprocurador pidió conformar una comisión especial integrada por fiscales de alto nivel, bajo la dirección del Ministerio Público, así como una comisión externa de la verdad que contribuya a garantizar la transparencia y credibilidad de las investigaciones.
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La solicitud se produce en medio de las cifras de personas fallecidas durante intervenciones policiales y de las declaraciones que ha ofrecido Abinader sobre los individuos que tienen órdenes de arresto pendientes.
Las muertes durante operativos policiales
La preocupación de Domínguez Brito se produce luego de que la Policía Nacional reportara que durante septiembre pasado murieron 55 hombres en presuntos intercambios de disparos con agentes de la institución, cifra que representó el 44 % de los 125 homicidios registrados durante ese mes, según datos publicados por Diario Libre.
El exprocurador también advierte sobre la continuidad de estos hechos durante octubre. Según el conteo al que se hace referencia en su denuncia, en lo que va de este mes se han registrado más de 20 muertes en circunstancias similares.
Domínguez Brito considera que la reiteración de estos casos amerita examinar las circunstancias particulares de cada intervención policial, determinar si existen patrones comunes y establecer si se han producido actuaciones al margen de la ley.
En su carta, aclara que no presenta su hipótesis como un hecho demostrado, sino como una posibilidad que, por su gravedad, debe ser investigada.
El llamado de Abinader a quienes tienen órdenes de arresto
La petición del exprocurador coincide con las declaraciones que el presidente Luis Abinader ofreció a finales de septiembre y principios de octubre, cuando exhortó a las personas con órdenes de arresto pendientes a entregarse a las autoridades.
El 28 de septiembre, el mandatario advirtió que quienes tuvieran órdenes de arresto debían presentarse ante las autoridades, al señalar que, de lo contrario, serían buscados antes de que pudieran cometer otro crimen.
«A esos que tienen órdenes de arresto, que se entreguen, porque si no, se van a ir a buscar antes de que cometan otro crimen», expresó el jefe de Estado, según publicó Diario Libre.
Posteriormente, el 1 de octubre, Abinader reiteró el llamado a los prófugos y a las personas con múltiples requerimientos judiciales para que se entregaran, al asegurar que los organismos de seguridad continuarían buscándolos.
El gobernante ha defendido estas acciones como parte de la estrategia para prevenir nuevos delitos y localizar a personas señaladas por las autoridades como reincidentes.
En ese contexto, Domínguez Brito plantea la necesidad de que la persecución del delito se desarrolle mediante investigaciones efectivas y procedimientos ajustados a la ley. Su solicitud busca determinar si algunas muertes durante operativos policiales pudieran constituir ejecuciones extrajudiciales y si existen responsabilidades individuales o institucionales.
Advierte sobre posible estructura criminal
Uno de los puntos centrales de la carta es la hipótesis de que determinadas muertes pudieran estar siendo utilizadas para eliminar competidores y facilitar la concentración del mercado de drogas al detalle en manos de una sola organización criminal.
Domínguez Brito también solicita investigar posibles vínculos de miembros de la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) u otros organismos de seguridad con redes de microtráfico, ya sea mediante participación directa, protección o facilitación de sus actividades.
En ese sentido, considera fundamental establecer quiénes pasan a controlar los puntos de venta de drogas después de la muerte de personas presuntamente vinculadas a ese negocio, quiénes se benefician económicamente y si existen conexiones entre determinados operativos policiales y los grupos que posteriormente ocupan esos territorios.
El exprocurador recordó antecedentes de organizaciones criminales que, según denuncias e investigaciones conocidas, habrían ejercido control territorial en distintas zonas del país con presunta protección de agentes policiales o militares.
No obstante, insistió en que la eventual existencia de una estructura criminal de alcance nacional debe ser objeto de investigación y no darse por confirmada sin pruebas.
Solicita una investigación independiente
La comisión especial propuesta por Domínguez Brito tendría entre sus principales tareas examinar las muertes ocurridas durante actuaciones policiales y determinar si existen patrones de eliminación selectiva de personas vinculadas al microtráfico.
También investigaría la posible concentración del mercado de drogas, los eventuales vínculos entre grupos criminales y agentes estatales, y las responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos.
El exprocurador sostuvo que la lucha contra la delincuencia no puede justificar actuaciones contrarias al Estado de derecho y advirtió que, de confirmarse la existencia de una estructura criminal con protección institucional, el país enfrentaría una amenaza de especial gravedad para la seguridad nacional.
Por ello, exhortó al presidente Abinader a actuar con urgencia, esclarecer las denuncias y garantizar que las muertes ocurridas durante operativos policiales sean investigadas con transparencia.
«La gravedad de esta posibilidad exige actuar ahora, investigar a fondo y despejar cualquier sospecha», concluyó en su comunicación.
