La Federación Nacional de Bancas de Loterías (Fenabanca) llamó la atención ante el crecimiento masivo e irregular de ese sector, la falta de tributación, competencia desleal, supremacía de las concesiones privadas y otros males que crecen bajo la complicidad, por inacción, del Ministerio de Hacienda y Economía y otros entes del Estado.
José Armando Cedeño, vicepresidente de la entidad, asegura que esta situación va contra la ley 139-11, la 253-12 y decretos que regulan las bancas, permitiéndose un crecimiento peligroso de establecimientos ilegales “en cada esquina”, al punto de que estas superan las registradas.
Ante la pregunta planteada de por qué razón el Ministerio de Hacienda y de Economía no han regularizado las bancas ilegales, la respuesta de Fenabanca fue que ellos mismos también se plantean esa interrogante y que, de regularizar el sector, serían “miles de millones de pesos” los que se podrían aportar al fisco.
“El sector de bancas de lotería, si se regulariza de manera ordenada, pues aportaría al fisco miles de millones de pesos. Sin embargo, nosotros, a pesar de que somos un sector persistente hacia el Estado Dominicano para que regularice el sector, es interesante cómo el propio sector permanentemente le está pidiendo al Estado Dominicano que regularice la proliferación y las actividades de bancas de lotería y el Estado no lo hace”, expresó la entidad.
También agregaron que, quizás, pudieran haber algunos beneficios de quienes están llamados a aplicar la ley y no lo hacen, porque “de verdad que no entendemos cuáles son las razones por las que no se regulariza el sector”, comentó Fenabanca.
Bancas alrededor de escuelas
La Resolución 104-10 del Ministerio de Hacienda es la normativa que prohíbe explícitamente la instalación de bancas de apuestas de lotería a menos de 200 metros de escuelas, colegios, estancias infantiles, iglesias y hospitales.
Cuando se le preguntó a la entidad sobre el hecho de que existan escuelas que tienen hasta múltiples bancas a sus alrededores, respondieron que han denunciado muchas veces esa situación, pero que las autoridades no les han hecho caso.
Aseguraron que existen decretos (como el 1167-01 y 730-02) que establecen una distancia mínima de 200 metros entre uno de estos negocios y un plantel educativo, pero que no se están respetando.
«Las autoridades están conscientes porque estamos cansados de hacer denuncias; son cientos de denuncias que hemos depositado, explicando también esta situación que afecta a escuelas, a hospitales, a iglesias, pero el desorden continúa porque las autoridades lamentablemente están en una inacción total”, lamentaron.
