Un tribunal del Distrito Nacional condenó a tres años de prisión suspendida y al pago de más de RD$14 millones al propietario de un negocio de venta de agua potable hallado culpable de sustraer energía eléctrica de manera ilegal.
La condena fue dictada por el Noveno Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional contra Regino Martín Aza Ovalle, tras una solicitud presentada por la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (Pgase).
El tribunal declaró al procesado culpable de violar los artículos 125 literal C y 125-2 de la Ley General de Electricidad 125-01, modificada por la Ley 186-07, que sanciona el fraude eléctrico en perjuicio del Estado dominicano y de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste).
De acuerdo con una nota de prensa del Ministerio Público, la sentencia establece que la pena será cumplida bajo suspensión total, condicionada a que el condenado mantenga residencia fija, se abstenga del consumo excesivo de alcohol, no porte armas y realice 50 horas de trabajo comunitario.
El tribunal advirtió que, en caso de incumplir cualquiera de estas condiciones, Aza Ovalle deberá cumplir la totalidad de la condena en prisión.
Pago a Edeeste
Además, la decisión judicial ordena el pago de RD$13,226,649.90 a favor de Edeeste por concepto de energía consumida y no facturada, así como una indemnización adicional de RD$1 millón por daños y perjuicios ocasionados a la distribuidora eléctrica.
Según el expediente presentado por el órgano acusador, durante un allanamiento realizado en febrero de 2024 en el negocio de expendio de agua potable, ubicado en la calle Respaldo María Montes del Distrito Nacional, las autoridades detectaron un suministro irregular al sistema eléctrico.
La acusación, sustentada por la procuradora de corte Carmen Díaz Amézquita y las fiscales Ruth Rodríguez y Martha Rodríguez, establece que el procesado utilizaba una línea directa de media tensión de 7,200 voltios para alimentar siete transformadores de distribución sin autorización de la empresa eléctrica.
De acuerdo con la investigación, cuatro de los transformadores eran de 100 KVA y tres de 167 KVA.
Tras conocerse la sentencia, representantes de la Pgase afirmaron que la decisión “envía un mensaje claro” sobre las consecuencias penales y económicas del fraude eléctrico.
