El dinero obtenido por la venta de bienes incautados y decomisados mediante subastas públicas se distribuye conforme a la Ley 60-23, priorizando en primer lugar la compensación de las víctimas de los delitos vinculados a esos activos, explicó Manuel Rafael Oviedo Estrada, director ejecutivo del Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide).
En una entrevista en el programa El Despertador detalló que, cuando existen personas afectadas, los recursos recaudados deben utilizarse inicialmente para resarcir los daños ocasionados a víctimas vinculadas a los delitos que originaron la incautación.
En los casos donde no haya víctimas reconocidas, el 90 % de los fondos pasa al Estado dominicano, para ser utilizado en programas sociales, salud, educación, construcción de escuelas, carreteras y hospitales. El 10 % restante se destina al funcionamiento operativo del Incabide.
En la actualidad, el Estado dominicano mantiene bajo administración más de 4,000 bienes incautados, compuestos principalmente por motocicletas, vehículos de motor, embarcaciones, aeronaves, apartamentos, casas, solares, joyas y otros activos mobiliarios e inmobiliarios.
De ese total, 147 bienes cuentan ya con sentencia definitiva de decomiso a favor del Estado, por lo que fueron habilitados para la primera subasta pública organizada por la institución, programada para el próximo 13 de mayo, en el Paraninfo de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
Custodia y mantenimiento de propiedades
El funcionario señaló que una vez el Ministerio Público transfiere formalmente los bienes al Incabide, la institución asume la responsabilidad total de su administración, preservación y mantenimiento.
Explicó que en el caso de solares se realizan jornadas de limpieza, control de maleza y supervisión periódica. Mientras, algunos apartamentos y locales son alquilados conforme a la ley, utilizando esos ingresos para cubrir cuotas de mantenimiento, reparaciones y otros gastos asociados a la conservación de los inmuebles.
Agregó que cuando una persona resulta descargada judicialmente, los fondos generados por esos arrendamientos pueden ser devueltos, según corresponda el proceso legal.
Requisitos para participar en subasta
Oviedo Estrada explicó que los interesados en participar deberán inscribirse previamente, completar la documentación requerida y pagar una cuota administrativa de 5,000 pesos no reembolsable.
Además, deberán presentar una declaración jurada donde certifiquen que no son empleados públicos ni forman parte de órganos constitucionales, ministerios, direcciones generales o instituciones estatales.
La entidad también realizará verificaciones de antecedentes y de perfil financiero, debido a que la ley prohíbe participar a personas o familiares vinculados a los procesos judiciales de donde proceden los bienes.
El director del organismo subrayó que las adjudicaciones son personales, por lo que no se permitirá transferir derechos de compra a terceros luego de ganada la subasta.
Subasta pública y transparente
El director ejecutivo del Incabide explicó que el evento será presencial y transmitido en línea, bajo el formato de subasta pública ascendente, donde cada lote será adjudicado al mayor oferente.
- “Cada ciudadano podrá observar en tiempo real quién ofertó, cuál paleta ganó y por qué monto fue adjudicado el bien”, sostuvo.
Recordó que la legislación vigente obliga a celebrar al menos dos subastas cada año, por lo que una segunda jornada sería organizada en el segundo semestre del año en curso con nuevos bienes actualmente en proceso de transferencia al Estado.
