El Senado de la República aprobó este miércoles en primera lectura, tras ser liberado de lectura, el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Alertas (AlertasRD), una iniciativa que busca establecer un mecanismo de búsqueda inmediata a nivel nacional para la prevención, localización, asistencia y resguardo de las personas desaparecidas.
La pieza legislativa, que perimió en la pasada legislatura y fue reintroducida, es autoría de las diputadas Liz Mieses Díaz y Carmen Ligia Barceló, y plantea la implementación de un sistema que permitirá activar protocolos de localización ante la denuncia de una desaparición, sin necesidad de esperar plazos prolongados.
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Alertas especializadas para diferentes perfiles
El proyecto incluye la conocida «Alerta Amber» para niños, niñas y adolescentes; sin embargo, va más allá de este mecanismo, al contemplar un conjunto de alertas especializadas según el perfil de la persona desaparecida. Entre ellas figuran la «Alerta Silver» para adultos mayores, la ‘Alerta Azul’ para personas con discapacidad en alto riesgo y la «Alerta Rosa» para mujeres en situaciones de violencia o trata.
La iniciativa establece que la activación de las alertas deberá conllevar la difusión inmediata de la información a través de medios de comunicación, redes sociales, plataformas digitales, terminales de transporte y entidades de seguridad, lo que permitirá una respuesta coordinada a nivel nacional.
Asimismo, prevé la cooperación con organismos internacionales en los casos que involucren posibles traslados fuera del país o redes transnacionales, así como la participación de distintas instituciones del Estado en los procesos de búsqueda e investigación.
Régimen de sanciones para servidores públicos
En materia de sanciones, el proyecto indica que los servidores públicos que, teniendo conocimiento de una desaparición, omitan reportarla o no activen los protocolos correspondientes, incurrirían en una falta grave, conforme al régimen disciplinario de la administración pública. Esto podría traducirse en medidas como suspensión o destitución del cargo.
- Además, la normativa deja claro que estas sanciones administrativas no excluyen otras responsabilidades, por lo que los funcionarios también podrían enfrentar procesos civiles o incluso penales.
La propuesta legislativa deberá ser conocida en segunda lectura antes de pasar a la Cámara de Diputados para su eventual aprobación definitiva.
