Ante los desafíos de recuperar los terrenos agrícolas y ambientales, en medio de un cambio climático más agresivo, el Gobierno ha trazado la ruta para aplicar el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT), instrumento que busca definir cómo deberá organizarse el crecimiento de las ciudades y el uso del suelo del país durante los próximos 30 años.
La propuesta, que está contenida en el artículo 194 de la Constitución y el 21 de la Ley 368-22, de Ordenamiento Territorial, parte de un diagnóstico realizado durante aproximadamente cinco años, período en el que las autoridades realizaron consultas con ciudadanos, instituciones públicas, universidades y representantes del sector privado.
Durante el Consejo de Ministros celebrado ayer y encabezado por el presidente Luis Abinader, se identificó la transformación de terrenos destinados a actividades agrícolas para la construcción de proyectos inmobiliarios como uno de los principales desafíos en el que se debe prestar atención.
Domingo Matías, viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional del Ministerio de Hacienda, explicó que el diagnóstico identificó problemas relacionados con el agua, el medioambiente, la vivienda y el crecimiento urbano.
“Estamos perdiendo terrenos agrícolas… Estamos perdiendo patrimonios ambientales«, afirmó Matías al finalizar el Consejo de Ministros. En ese sentido, planteó que el nuevo instrumento debe contribuir a la recuperación de manglares y humedales, mediante políticas de resiliencia.
La normativa del 2022
La Ley 368-22, promulgada en diciembre de 2022, establece instrumentos de planificación de alcance nacional, cuyo objetivo es evitar el crecimiento desorganizado. Para ello, involucra también al Gobierno central y a los gobiernos locales en materia de planificación y gestión del territorio.
- A propósito, el Gobierno escogió a Verón-Punta Cana como punto de partida de la normativa debido a que es uno de los territorios de mayor crecimiento urbano, turístico e inmobiliario del país.
El plan clasifica los terrenos en urbanos, urbanizables y no urbanizables e identifica conflictos relacionados con áreas protegidas, zonas costeras y otros espacios con presión de desarrollo.
