La Comisión de Ciencias Naturales y Medio Ambiente de la Academia de Ciencias calificó de “una respuesta tardía” la emisión del decreto 615-26, que declara de alto interés nacional y de prioridad estratégica para la seguridad del Estado la prevención, detección, investigación y combate del denominado «terrorismo medioambiental«.
Pese a considerar positiva cualquier medida dirigida a detener, controlar y reducir los delitos ambientales que afectan al país, el organismo advirtió que la creciente degradación de bosques, montañas, ríos, humedales, áreas protegidas y de la biodiversidad no obedece a la falta de instrumentos jurídicos, sino al incumplimiento de las responsabilidades institucionales establecidas en las leyes vigentes.
Señaló que la República Dominicana cuenta con un amplio marco legal, encabezado por la Constitución y compuesto, entre otras normas, por la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Ley 202-04 sobre Áreas Protegidas y la Ley 333-15 sobre Biodiversidad, además de planes de manejo, reglamentos, normas y acuerdos internacionales vinculantes.
“Lo que se necesita es poner en práctica las herramientas jurídicas existentes”, sostuvo la Comisión, al considerar que, con voluntad, planificación y un compromiso institucional serio, sería posible fortalecer la protección de los recursos naturales.
Asimismo, expresó preocupación por lo que calificó como una respuesta tardía ante problemas ambientales que requieren prevención, controles efectivos y una aplicación consistente de la ley.
Cuestionó, además, actuaciones del Ministerio de Medio Ambiente frente a casos similares de daños ambientales, así como la falta de respuestas contundentes ante hechos de degradación y ocupaciones ilegales en áreas protegidas.
Abogan por fortalecer la Procuraduría y el Senpa
La Comisión también manifestó inquietud por el desempeño de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y del Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa), al considerar necesario fortalecer sus acciones de persecución y control frente a las infracciones ambientales que ocurren en el territorio nacional.
La Academia “afirmó que permanecerá vigilante ante el cumplimiento de los compromisos anunciados y la aplicación efectiva de las medidas contempladas en el Decreto 615-26, al tiempo que reiteró su disposición de contribuir a la defensa y preservación del patrimonio natural de la República Dominicana”.
