La República Dominicana ocupa el cuarto puesto entre 17 países de América Latina en gasto legislativo por habitante. En 2025, el Poder Legislativo dominicano tuvo un costo de US$13.9 por habitante, superior al promedio regional de US$13.2.
Por encima de República Dominicana se encuentran Uruguay, con un gasto de US$54.0 por habitante; Panamá, con US$33.2 y Costa Rica, con US$28.9. El país también se sitúa por encima del promedio regional de US$13.2 por habitante, ubicándose entre los países con mayor gasto legislativo por habitante de la comparación.
En 2025, el gasto ejecutado del Poder Legislativo dominicano ascendió a RD$9,934.9 millones. De este monto, RD$6,646.4 millones, equivalentes al 66.9 %, correspondieron a la Cámara de Diputados, mientras RD$3,288.5 millones, el 33.1 %, fueron ejecutados por el Senado.
Del gasto ejecutado por el Poder Legislativo en 2025, el 93.3 % se concentró en tres grandes categorías: remuneraciones y contribuciones, que representaron el 59.2 % e incluyen gastos como sueldos, sobresueldos, dietas y gastos de representación, gratificaciones y bonificaciones y contribuciones a la seguridad social; bienes y servicios, con el 24.4 %, que comprende partidas como publicidad, seguros, eventos, viáticos y combustibles; y transferencias al sector privado, con el 9.7 %, destinadas principalmente a ayudas y donaciones a personas.
Los recursos destinados al Poder Legislativo provienen de los ciudadanos y tienen un costo de oportunidad. Una mayor cantidad de legisladores o un mayor presupuesto no se traducen necesariamente en una mejor representación ni en legislación de mayor calidad. Lo relevante es que los recursos utilizados respondan a las funciones propias de la institución y generen resultados que justifiquen el costo asumido por los contribuyentes.
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Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).
