Cuando colaborar con la justicia se vuelve peligroso para los testigos

Por ley, toda persona que presencie o tenga conocimiento de un delito o crimen está obligada a comparecer ante los tribunales cuando es convocada a ofrecer su testimonio. Sin embargo, hechos recientes evidencian el grave peligro al que se exponen los testigos antes y después de declarar.

El pasado año, dos testigos fueron asesinados y un tercero resultó gravemente herido. A este panorama se suma un hecho ocurrido hace menos de un mes, cuando un cuarto testigo fue arrebatado a agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) en pleno Palacio de Justicia del Distrito Nacional por familiares de los imputados contra quienes había declarado. El hombre fue zarandeado por todo el edificio.

Aunque entre las principales funciones que la Constitución asigna al Ministerio Público está la protección de víctimas y testigos, la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, ha advertido sobre la necesidad urgente de aprobar un proyecto de ley que garantice esa protección.

«No es un lujo, es una necesidad urgente. Ni siquiera es una actualización, porque nunca hemos tenido una ley de protección de víctimas y testigos«, dijo Reynoso en septiembre del año pasado, cuando esperaba que la iniciativa fuera aprobada.

La Ley Orgánica del Ministerio Público 133-11 y el Código Procesal Penal delegan también salvaguardar la integridad de los testigos al órgano persecutor.

La obligación de testificar

La Ley 97-25, del Código Procesal Penal, establece en su artículo 198 que toda persona tiene la obligación de testificar, «comparecer a la citación y declarar la verdad de cuanto conozca y le sea preguntado».

Los artículos 203 y 334 de esa misma normativa disponen que si el testigo no asiste al llamado, puede ser llevado al tribunal mediante el uso de la fuerza pública.

No obstante, ordena que «la conducencia no puede prolongarse más allá del agotamiento de la diligencia o actuación que la motiva».

El artículo 207 contempla una multa de hasta «treinta días de salario base de un juez de primera instancia», que supera los 200,000 pesos, para los «testigos reticentes» que se nieguen a comparecer.

La sanción es aplicada por el juez a solicitud del Ministerio Público.

Si el testigo miente, las consecuencias pueden ser mayores. El perjurio, contemplado en el nuevo Código Penal, se define como «la afirmación de un hecho falso bajo juramento o promesa de decir la verdad en cualquier caso en que la ley exija o admita el juramento». Esta conducta se castiga con penas de cinco a diez años de prisión.

Los que han terminado siendo víctimas

Agosto de 2026. El testigo Willy Féliz Vásquez, quien se negó a participar en el atentado contra María Teresa Núñez, alias María Soco, propietaria del negocio WhatsApp Drink, en Capotillo, fue arrebatado a agentes de la Dicrim por familiares de los imputados.

Días después del incidente, los acusados Ángel Gabriel Aquino Acevedo, alias Chocho, y Juan Méndez Pérez, alias Chombo o Chon, fueron condenados a 30 años de prisión por los disparos contra Núñez.

Debido a su extrema vulnerabilidad, Feliz Vásquez ya había declarado mediante Cámara Gesell. El día en que los agentes perdieron su custodia, la defensa de los imputados intentó presentarlo como testigo a descargo, pero el tribunal rechazó la propuesta.

Noviembre de 2025. Brayan Juan Pablo Rosa, de 30 años, testigo en un caso contra un supuesto capo de Boca Chica, resultó gravemente herido en las afueras del Palacio de Justicia de Santo Domingo Este.

Agosto de 2025. Luis Gustavo Grullón de Aza, alias Nini, de 23 años, murió tras recibir varios disparos en la cabeza. Fue asesinado en San Francisco de Macorís, provincia Duarte, frente al Palacio de Justicia de esa ciudad, después de salir de una audiencia. Era testigo de un homicidio.

Junio de 2025. Jesús Cabrera, de 32 años, quien estaba citado para que diera su testimonio en un caso de asesinato, fue ultimado en la comunidad de Cienfuegos, en el distrito municipal Santiago Oeste, provincia Santiago. El crimen ocurrió el mismo día en que debía declarar.

Solo se le protege dentro del tribunal

El abogado Carlos Salcedo sostiene que el patrón que él y otros penalistas han observado es que «el sistema protege al testigo solo dentro de la sala» de audiencias. Antes de entrar o después de salir del tribunal, afirma, queda expuesto.

• «La protección existente cubre al testigo dentro de la sala de audiencias, pero no en el trayecto, ni en su domicilio, ni en el tiempo posterior a su declaración, que es precisamente cuando el riesgo se materializa», subraya Salcedo.

Explica que actualmente existe un programa de protección de víctimas y testigos creado mediante una resolución administrativa. Sin embargo, esa resolución limita su aplicación a casos de narcotráfico o criminalidad compleja y, de manera excepcional, a crímenes atroces de gran impacto social.

En ese sentido, Salcedo considera que no corresponde señalar responsabilidades individuales, sino la responsabilidad institucional del Estado de contar con un marco legal —y no solo reglamentario— para proteger a los testigos.

Ese marco debería incluir protocolos para evaluar el riesgo, reubicación, reserva de identidad y seguimiento después del juicio, en línea con los estándares aplicados en otros países, agregó.

El proyecto de ley de protección a víctimas y testigos, sometido por el Poder Ejecutivo a finales de diciembre de 2024, permanece estancado en el Congreso Nacional a la espera de su aprobación.