Fachada de la Importadora Mars Wang, en La Romana. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)
Denuncias abundantes, poca verificación
Los reclamos del comercio organizado se acumulan desde hace al menos tres años.
Entre agosto de 2020 y abril de 2025, la Dirección General de Aduanas (DGA) fiscalizó 181 comercios de origen chino en todo el país, dedicados a la venta de artículos para el hogar, decoración, ferretería, confecciones y mercancías variadas. De esas auditorías, más de 60 seguían en curso, mientras las reliquidaciones de impuestos superaban los 3,360 millones de pesos y los procedimientos sancionadores ascendían a más de 5,799 millones de pesos.
La subvaluación sistemática de mercancías representó el principal hallazgo, mediante prácticas como doble facturación, alteración de valores y cantidades y uso indebido de partidas arancelarias.
En mayo de 2025, el Consejo Nacional del Comercio en Provisiones pidió reglas claras y señaló posibles incumplimientos fiscales, aduanales y laborales. En noviembre, 14 organizaciones formaron la Coalición Dominicana por la Competencia Justa (Codocom) para enfrentar lo que califican como comercio ilícito y competencia desleal.
Un levantamiento presentado por Codocom en diciembre estimó que nueve de cada diez negocios visitados cobraban en efectivo y no entregaban comprobantes fiscales adecuados o facturas con Itbis. Es un dato grave, pero queda como estimación gremial.
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) todavía no publica un estudio que la valide, la refute o establezca la magnitud real del problema.
Iván García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, sostiene que el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones clausuró 14 establecimientos y que los ministerios de Trabajo y Migración realizaron operativos, pero afirma que las acciones no tuvieron continuidad. La entidad también solicitó a ProCompetencia un informe de abogacía sobre el posible impacto de estas prácticas y todavía espera respuesta.
La ausencia de una conclusión institucional deja el debate atrapado entre acusaciones e intereses contrapuestos.
Si existe o no evasión o subvaluación, la falta de fiscalización perjudica al fisco, a los trabajadores y a todo negocio que sí paga. Si las denuncias son exageradas, la falta de datos alimenta una sospecha general contra los empresarios por su nacionalidad.
En ambos casos, el silencio estadístico del Estado agrava el problema.
Defensa de los empresarios chinos
Los representantes de la comunidad empresarial china rechazan que los precios bajos evidencien ilegalidad. Su explicación combina compras en volumen, vínculos con proveedores, menores costos de intermediación y distintas calidades de producto. También aseguran que el cumplimiento laboral mejoró.
Mars Wang, propietario de siete establecimientos en La Romana y vicepresidente de la Cámara General de Comercio de Fujian en la República Dominicana, admite que no todos cumplen, pero sostiene que la mayoría ya registra a sus empleados en la seguridad social, respeta horarios y cubre seguros. Su defensa introduce una distinción necesaria, pues las irregularidades comprobadas en algunos comercios no autorizan a condenar a todo un sector.
Ng va más lejos y considera que parte de las denuncias responde a intereses comerciales. Su argumento devuelve la responsabilidad a las autoridades, ya que aceptar que la evasión es generalizada implicaría admitir que la DGII y Aduanas no están haciendo su trabajo.
Por eso no basta con la palabra de los gremios ni con la de los empresarios. Corresponde a las instituciones producir la evidencia.
Flanco laboral
Los operativos migratorios ofrecen una de las pocas evidencias oficiales de irregularidades vinculadas a estos establecimientos, aunque tampoco permiten medir su extensión.
En mayo de 2025, la Dirección General de Migración inspeccionó negocios de las avenidas Duarte y República de Colombia y detuvo a 92 ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular. La institución informó que actuó por denuncias sobre trabajadores indocumentados y establecimientos que excederían la proporción legal de empleados extranjeros.
Cinco meses después, en 13 negocios de Baní, Migración detuvo a otros 20 haitianos que realizaban labores de descarga, seguridad, atención al público y limpieza. Los casos prueban que el problema existe en establecimientos inspeccionados, pero no permiten atribuirlo al conjunto del sector ni establecer si su incidencia es mayor que en otras actividades.
El debate sobre las condiciones laborales también volvió a la palestra en abril de 2021, luego de que, tras una riña física, la dominicana Francelys Furcal le propinara una estocada mortal a su empleador, Zongxin Chen. Un tribunal le impuso una condena de cinco años de prisión, contemplando circunstancias de provocación en el altercado, a pesar de que el Ministerio Público pidió 20 años.
La fragmentación vuelve a imponerse. Migración cuenta detenidos; Trabajo verifica nóminas y condiciones; la DGII revisa facturación; la DGA controla valores declarados; los ayuntamientos y el Ministerio de la Vivienda intervienen permisos y edificaciones. Ninguna institución presenta un cuadro integrado que permita seguir la mercancía desde el puerto hasta la caja registradora y contrastar importaciones, ventas, empleo y tributación.
Un Estado sin radiografía
Diario Libre solicitó datos al Ministerio de Trabajo y a la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. Ninguna dispone de estadísticas clasificadas por nacionalidad del capital o de los empleadores. Las cámaras de comercio tampoco organizan sus registros según el origen de los accionistas. Al cierre de esta entrega se esperaban respuestas de Aduanas y Migración.
La carencia de esa radiografía explica por qué el debate se repite sin resolverse.
No existe un censo público de establecimientos, una evaluación coordinada de riesgo ni un informe que compare lo importado con lo vendido y lo tributado. Tampoco se conoce con datos concretos cuántos negocios fueron sancionados, por cuáles faltas, qué ocurrió después de las clausuras o cuántos corrigieron sus incumplimientos.
Por igual, se pidió información a la Embajada de la República Popular China, pero no se había obtenido al cierre de este reportaje.
La República Dominicana todavía está a tiempo de abordar el auge sin xenofobia y sin complacencia.
El primer paso no es cerrar tiendas ni proteger de manera artificial al comercio local. Es saber quién importa, cuánto declara, cómo factura, a quién emplea y qué sanciones recibe cuando incumple. La nacionalidad no puede ser una presunción de culpa, pero tampoco un escudo frente a la ley.
Esta primera entrega deja planteada la pregunta que recorrerá la serie: si los precios de las megatiendas responden a eficiencia legítima o a costos que otros pagan y ellas evitan. Responder exige seguir la huella de la mercancía, los impuestos y la mano de obra.
Ese rastro, por ahora, el Estado no lo muestra.
