Los alegados «intercambios de disparos » entre agentes policiales y presuntos delincuentes dejaron un saldo de al menos 146 muertos durante los primeros seis meses de este 2026.
Las estadísticas oficiales, con corte al 26 de junio, contabilizaron 142 fallecidos bajo la categoría de «acción legal«, un 16.4 % más que los 122 casos reportados en el mismo periodo del 2025. Sin embargo, un día después la cifra aumentó a 146 con el abatimiento de cuatro presuntos integrantes de la banda delictiva «Los Chucky de Los Frailes«.
Según la versión ofrecida por la Policía Nacional, los integrantes de la estructura criminal fueron ultimados el pasado fin de semana después de enfrentar a tiros a unas patrullas de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), mientras intentaban ejecutar órdenes de arresto contra los miembros del grupo.
Una curva ascendente
Los datos evidencian que el fenómeno ha tomado fuerza en los últimos meses. La progresión en los informes de criminalidad de la Policía Nacional inició con 19 casos en enero, febrero (17), marzo (21), abril (25) y mayo (35). La cifra de mayo, por sí sola, representó un salto significativo en la actividad letal de los agentes.
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Hasta el 11 de mayo, las autoridades reportaron un acumulado de 93 fallecidos. Seis semanas después, el balance había escalado a 142, equivalentes a 49 casos adicionales, un ritmo que mantiene bajo la lupa la estrategia de seguridad.
Cuestionamientos sobre «ejecuciones»
El reporte de estos números ocurre en un contexto de alta sensibilidad social ante los señalamientos de ejecuciones extrajudiciales, más que de intercambios de disparos.
a desconfianza ciudadana se ha acentuado tras la difusión de videos, como el ocurrido en La Vega, donde se observa a agentes disparar a un hombre con las manos levantadas con aparente muestra de que se entregaba.
No obstante, los uniformados ignoraron el gesto y lo mataron, posteriormente se llevaron el cuerpo arrastrándolo por un callejón. En abril en otro audiovisual fue captado un agente accionando su arma de reglamento contra un prófugo de la justicia de nacionalidad haitiana, en circunstancias en que su vida no se encontraba en peligro.
Al ser consultada por la prensa sobre este incidente y la demora en los resultados de las pesquisas, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful evitó ofrecer plazos y sostuvo que las investigaciones no tienen un tiempo establecido y que corresponde al Ministerio Público determinar las responsabilidades.
