El hallazgo de más de 18,000 plantas de marihuana en las montañas del sur del país no solo destapó una operación de narcocultivo en una de las zonas más remotas de la región, sino que ha generado una disputa sobre el lugar exacto donde se encontraba el sembradío de la sustancia vegetal.
Mientras algunos comunitarios sostienen que la plantación estaba ubicada en territorio de la provincia de Azua, las mediciones realizadas por las autoridades durante la investigación indican que los terrenos intervenidos pertenecen a San José de Ocoa.
«Nosotros tenemos aparatos con los que localizamos la ubicación y pudimos determinar que se encuentra en la jurisdicción de Ocoa», explicó el fiscal titular de San José de Ocoa, Francis Valdez, al señalar que los organismos actuantes utilizaron equipos GPS para establecer con precisión el punto geográfico de los cultivos y descartó cualquier duda sobre la jurisdicción.
«Tampoco tenemos afán en atribuirnos una jurisdicción que no le corresponde. Las delimitaciones geográficas están establecidas hace bastante tiempo y con los aparatos GPS nosotros logramos hacer ese trabajo», afirmó.
Confusión por los límites
Valdez atribuyó las versiones encontradas a la complejidad geográfica de una zona donde convergen territorios de varias provincias y donde los residentes suelen identificar los lugares a partir de referencias tradicionales.
«La gente hace señalamientos empíricos en cuanto a las delimitaciones geográficas. Por eso nosotros lo hicimos con los aparatos y los GPS, que tienen un nivel de exactitud prácticamente incuestionable», indicó.
El fiscal detalló que el primer hallazgo se produjo en la comunidad de Sabaneta, sector Los Corozos, en el distrito municipal El Pinar. El segundo fue localizado en la localidad de La Cueva, también perteneciente a El Pinar, entre una zona limítrofe con San José de Ocoa, Azua y Jarabacoa.
«Ya sabemos que pertenece a San José de Ocoa, lo que estamos tratando de delimitar es cómo se llama el lugar, pero sí le reitero, está entre la frontera de Azua, Jarabacoa y Ocoa, pero eso es un paraje y pertenece a San José de Ocoa», manifestó.
Una zona de difícil acceso
La complejidad geográfica del área intervenida se ha convertido en uno de los principales desafíos.
De acuerdo con Valdez, para llegar al primer punto donde se localizaron plantas de marihuana, los equipos investigadores tuvieron que caminar alrededor de cinco kilómetros después de concluir el trayecto vehicular.
En el segundo epicentro, el recorrido fue aún más complicado. «El trayecto para llegar ahí fue prácticamente de cinco horas en vehículo por carreteras prácticamente intransitables», explicó.
Las condiciones del terreno han llevado al Ministerio Público a plantear la necesidad de fortalecer la vigilancia en la zona para evitar nuevos cultivos ilegales.
«Si algo quedó claro en esto es que existe la necesidad de que esa zona esté en constante vigilancia. La única forma de hacerlo de manera efectiva es mediante vigilancia aérea«, consideró.
El representante del Ministerio Público indicó que las dificultades de acceso convierten estas montañas en áreas atractivas para quienes buscan ocultar actividades ilícitas lejos de los centros poblados y del patrullaje tradicional.
Mientras avanzan las investigaciones sobre los responsables de los cultivos de marihuana, insiste en que no existe duda sobre la ubicación de los terrenos intervenidos, aunque se encuentran en una compleja franja montañosa donde convergen varias provincias, los cultivos decomisados estaban dentro de la jurisdicción de San José de Ocoa.
Nuevas líneas de investigación
Las autoridades mantienen a tres personas detenidas por el caso, para quienes el Ministerio Público solicitará prisión preventiva como medida de coerción.
Sin embargo, el fiscal aseguró que la investigación continúa porque entiende que los arrestados no serían los responsables principales de financiar una operación de esta magnitud.
«Los que estaban ahí tienen su grado de participación, pero evidentemente no tienen el nivel para financiar una actividad de esa naturaleza«, sostuvo.
Agregó que el objetivo ahora es identificar a quienes estarían detrás de la estructura económica que permitió establecer los cultivos en una zona de tan difícil acceso.
«Vamos a continuar investigando con la finalidad de identificar a los responsables de esa siembra y presentar ante los tribunales a quienes realmente estén detrás de esa acción», manifestó.
