Organizaciones sociales, comunitarias, religiosas, choferiles y de derechos humanos denunciaron las constantes amenazas y ejecuciones de desalojos en comunidades del sector La Caleta, especialmente en Gran Valiente, situación que, aseguran, mantiene en incertidumbre y preocupación a cientos de familias.
Mediante un comunicado conjunto, las entidades afirmaron que numerosas familias han invertido años de esfuerzo en la construcción de sus viviendas y que ahora enfrentan el riesgo de perderlas en cuestión de minutos a causa de los desalojos.
Los representantes comunitarios sostienen que estas acciones constituyen una violación al derecho a la vivienda consagrado en el artículo 59 de la Constitución dominicana, así como en diversos instrumentos internacionales suscritos por el Estado dominicano, entre ellos la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
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Ante esta situación, solicitaron al presidente Luis Abinader declarar de utilidad pública las parcelas donde han sido edificadas viviendas por familias que, según afirman, han ocupado esos terrenos durante años.
Protocolo para desalojos
También, demandaron el retiro inmediato del abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria, la aprobación en el Congreso Nacional de una moratoria a los desalojos y la creación de un protocolo especial para el tratamiento de estos procesos.
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Francisca Sánchez, al hablar en nombre de los afectados, demandó del director de la Policía Nacional actuar para impedir que presuntos grupos delincuenciales acompañen los operativos de desalojo y se aprovechen de estas acciones para sustraer pertenencias de los afectados.
El documento está respaldado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión de Vivienda y Hábitat de Foro Ciudadano, la Red Urbano Popular, el Movimiento Municipal por los Derechos de La Caleta, el Movimiento Somos Todos Valiente, juntas de vecinos y organizaciones comunitarias locales, así como el Movimiento Ya Está Bueno de Abusos.
