La resolución de medida de coerción dictada por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago describe una de las investigaciones de ciberdelitos más complejas desarrolladas hasta ahora en República Dominicana, con la participación directa de agencias estadounidenses y un esquema de fraude que combinaba tecnología, extorsión psicológica y lavado de activos.
El caso fue trabajado de manera conjunta por la Fiscalía de Santiago, la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, el Departamento Especial de Investigación de Delitos Trasnacionales (Deidet) de la Policía Nacional y Homeland Security Investigations (HSI), brazo investigativo del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
La cooperación permitió documentar denuncias presentadas por víctimas en distintos estados norteamericanos y seguir el rastro internacional del dinero obtenido por la organización.
¿Cómo operaba la red de ciberdelitos en Santiago?
Según el expediente, la estructura tenía su centro de operaciones en Jacagua, Santiago, desde donde captaba víctimas estadounidenses mediante anuncios falsos de servicios sexuales publicados en internet. Los contactos se realizaban utilizando números telefónicos virtuales contratados a través de plataformas como TextNow, Burner y Ultra Mobile, lo que dificultaba la identificación de los responsables.
Una vez que la víctima respondía al anuncio, los integrantes de la red obtenían información personal y familiar mediante búsquedas en bases de datos públicas estadounidenses. Posteriormente iniciaban una campaña de intimidación en la que se hacían pasar por miembros de organizaciones criminales mexicanas o colombianas.
Las amenazas incluían audios, videos manipulados con hombres armados y mensajes personalizados dirigidos incluso a familiares de las víctimas.
La investigación revela que el dinero no era enviado directamente a República Dominicana. Primero era recibido por colaboradores de la organización en territorio estadounidense, quienes actuaban como intermediarios financieros. Su función consistía en recibir los fondos transferidos por las víctimas y moverlos rápidamente entre múltiples cuentas para evitar bloqueos bancarios, rastreos o solicitudes de reversión.
Posteriormente los recursos eran enviados al país mediante una amplia red de mecanismos financieros. El expediente menciona transferencias a través de Western Union, Ria, Caribe Express, Vimenca y transferencias bancarias tradicionales. También eran utilizados servicios digitales como Zelle, Cash App, Venmo, Apple Pay y PayPal, además de criptomonedas, especialmente bitcoin.
Acciones de las autoridades y cooperación internacional
El Ministerio Público sostiene que este sistema permitía fragmentar y ocultar el origen de los fondos antes de que llegaran a manos de los presuntos cabecillas en Santiago. La organización también utilizaba receptores locales que figuraban como beneficiarios de remesas y transferencias para dificultar aún más la trazabilidad del dinero.
Durante los allanamientos realizados en 2024 y 2026 fueron ocupados decenas de teléfonos móviles, tabletas, computadoras, vehículos, dinero en efectivo y documentos financieros. El análisis forense de los dispositivos electrónicos permitió reconstruir comunicaciones internas, identificar funciones específicas dentro de la organización y establecer el flujo de dinero desde Estados Unidos hacia República Dominicana.
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Las autoridades sostienen que la estructura funcionaba como una verdadera empresa criminal transnacional, con operadores encargados de captar víctimas, especialistas en amenazas, administradores de cuentas financieras y receptores de fondos en ambos países. La magnitud de la evidencia digital y financiera fue uno de los elementos que sustentó la declaratoria de complejidad de la investigación.
La operación representa además uno de los ejemplos más relevantes de cooperación entre las autoridades dominicanas y estadounidenses para enfrentar organizaciones que utilizan territorio dominicano como plataforma para cometer delitos tecnológicos contra ciudadanos extranjeros.
