La jueza Esmirna Gisselle Méndez preside el Primer Tribunal Colegiado. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO)
Bienes construidos con fondos públicos
La sentencia ordena el decomiso de 422 bienes muebles e inmuebles considerados producto de las actividades ilícitas.
Entre ellos figuran más de 80 propiedades inmobiliarias, incluyendo apartamentos en torres residenciales de lujo, terrenos agrícolas en varias provincias, edificios destinados al alquiler, una nave industrial y una plaza comercial de cuatro niveles con 44 locales ubicada en la autopista Duarte.
El patrimonio confiscado también incluye unidades productivas agropecuarias de gran escala. Entre ellas sobresalen dos granjas avícolas, una con alrededor de 21,000 gallinas ponedoras; la Hacienda Kelman, con más de 1,200 cabezas de ganado menor entre cerdos, chivos y ovejos; así como extensas fincas dedicadas al cultivo de piña, cacao, cítricos y otros productos agrícolas.
La flota decomisada supera los 120 vehículos, entre ellos automóviles Tesla, Mercedes-Benz, BMW y Chevrolet Camaro, además de decenas de camiones de carga pesada, vehículos cisterna, autobuses, remolques, montacargas y equipos de construcción.
Asimismo, fueron confiscadas más de 25 armas de fuego, cientos de municiones, equipos tácticos, dinero en efectivo, cuentas bancarias y otros activos financieros.
Otros sentenciados
Entre los otros condenados por el tribunal, se encuentran el coronel Rafael Núñez de Aza, también a 20 años de prisión y al pago de 400 salarios mínimos de multa; la pastora Rossy Guzmán, a 15 años de prisión, la que deberá pagar 400 salarios mínimos de multas; la exempleada del Banreservas Esmeralda Ortega Polanco, a quien se dictó 10 años de prisión y 400 salarios mínimos, y el mayor del Ejército, Raúl Alejandro Girón, quien fue el testigo clave del Ministerio Público en el caso, fue condenado a cinco años de pena cumplida.
Un precedente judicial
El Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP) destacó que la condena sienta un precedente en la lucha contra la corrupción administrativa. Según explicó su coordinador, Fernando Henríquez, la suma de los 5 mil millones de pesos, impuesta por el tribunal, es la indemnización más alta dictada a favor del Estado dominicano en un caso de corrupción y la primera ocasión en que una cúpula militar de tan alto rango resulta condenada por delitos de esta naturaleza.
Las juezas concluyeron que las actuaciones de la red provocaron daños patrimoniales, institucionales y reputacionales al Estado, afectando directamente organismos encargados de la seguridad presidencial y del turismo nacional. Aunque las defensas anunciaron que recurrirán la decisión ante instancias superiores, esta marca un hito en la historia judicial dominicana y constituye la condena más severa impuesta hasta ahora contra una estructura de corrupción integrada por altos oficiales militares y funcionarios públicos.La lectura íntegra de la sentencia será el 14 de agosto.
