Desde la concentración de la riqueza hasta las dificultades para acceder a servicios de salud en provincias apartadas, especialistas reunidas en la clausura del proyecto «Más Derechos» expusieron las principales brechas que aún limitan el ejercicio pleno de los derechos humanos en República Dominicana
La sociedad civil de República Dominicana enfrenta el desafío de mantener viva una agenda de derechos humanos en un contexto marcado por desigualdades sociales, económicas y territoriales.
Este representa uno de los principales mensajes evidenciados durante la clausura del proyecto “Más Derechos”, una iniciativa impulsada por la Fundación Friedrich Ebert (FES), Ciudad Alternativa, el Centro de Investigación para la Acción Femenina (Cipaf) y el Centro de Investigación para el Desarrollo Local, con el cofinanciamiento de la Unión Europea.
El embajador de la Unión Europea en República Dominicana, Raúl Fuentes, afirmó que el fortalecimiento de la sociedad civil continúa como una prioridad para el bloque europeo y defendió el papel de las organizaciones sociales como actores fundamentales para la democracia y el desarrollo sostenible.
“Una sociedad civil fuerte e independiente es indispensable para tener democracia, para caminar en el desarrollo sostenible y para la protección efectiva de los derechos”, expresó el diplomático durante las palabras de apertura.
Fuentes señaló que, aunque el proyecto concluye, la agenda de derechos construida durante estos años tiene condiciones para mantenerse vigente debido al compromiso de las organizaciones que participaron en su elaboración.
“Hay algo que no ha cambiado y es la cooperación de la Unión Europea y nuestra convicción de que una sociedad civil fuerte e independiente es indispensable para la democracia y la protección efectiva de los derechos”, agregó.
Desigualdad
Como parte de las exposiciones presentadas durante el evento, la investigadora de Ciudad Alternativa, Jenny Torres, alertó sobre las desigualdades que enfrentan las comunidades periféricas debido a la limitada presencia del Estado y la deficiente distribución de servicios públicos.
Torres señaló que el acceso a la salud continúa condicionado por el territorio. Citó el caso de habitantes de Pedernales que deben ahorrar entre 15,000 y 20,000 pesos durante varios meses para costear los traslados necesarios para recibir atención médica especializada fuera de su provincia.
La investigadora advirtió además sobre la vulnerabilidad climática de numerosas comunidades. Explicó que en sectores como Santiago Oeste las lluvias moderadas son suficientes para provocar inundaciones recurrentes y pérdidas materiales entre las familias.
A esto se suma, según expuso, una marcada centralización de los servicios culturales. Bibliotecas, museos y otros espacios culturales permanecen concentrados en el Distrito Nacional, limitando el acceso de provincias como Pedernales, Azua, El Seibo, Hato Mayor y Jimaní.
Privilegios
Durante el mismo panel, la economista Ati Cañete planteó que el sistema tributario dominicano reproduce desigualdades al otorgar beneficios que favorecen, en especial, a los sectores de mayores ingresos.
Según explicó, el 93% de las rentas derivadas de dividendos se concentra en apenas 2,500 contribuyentes de altos ingresos, lo que evidencia una elevada concentración de riqueza.
“La desigualdad no solo se produce en el mercado laboral; también se reproduce a través de las reglas fiscales”, planteó la economista.
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