La Inmobiliaria y Constructora Dominicana acusó este jueves al Ayuntamiento de la provincia Santiago y al Ministerio de Obras Públicas de intentar legitimar una invasión de terrenos privados mediante la ejecución de trabajos de asfaltado, construcción de aceras y otras infraestructuras en una propiedad de más de 235 mil metros cuadrados ubicada en el sector Bella Vista.
La denuncia fue realizada por el abogado Fernando Tavárez, representante legal de la empresa, quien afirmó que las instituciones públicas están interviniendo terrenos ocupados ilegalmente desde hace más de una década y donde actualmente existen más de 300 viviendas.
“Lo que se está intentando hacer es legitimar una invasión de propiedad privada con obras públicas”, sostuvo el jurista al cuestionar los trabajos que se desarrollan en la zona conocida como Los Cerros de Bella Vista y Los Llanos de Bella Vista.
Según explicó, las labores de asfaltado ya superan la mitad de su ejecución y forman parte de una inversión pública que, de acuerdo con los datos manejados por la empresa, ronda los 125 millones de pesos.
Tavárez advirtió que la intervención estatal podría derivar en nuevas acciones judiciales, debido a que los terrenos cuentan con títulos de propiedad registrados a nombre de la empresa que representa.
El abogado aseguró que la ocupación de los terrenos se intensificó a partir de 2013, tras el fallecimiento de los propietarios originales, situación que coincidió con disputas familiares entre los herederos.
Indicó que las actuales propietarias, las hermanas Jorge Bretón, decidieron recientemente retomar la administración de los bienes heredados y emprender acciones para recuperar la propiedad.
Pedirán suspensión de trabajos
Como parte de esas medidas, anunció que solicitarán la suspensión de los trabajos que ejecutan las autoridades y presentarán demandas contra las instituciones involucradas, alegando que las obras contribuyen a consolidar una ocupación que consideran ilegal.
Asimismo, advirtió que la empresa reclamará indemnizaciones por daños y perjuicios que estima en más de 3,600 millones de pesos.
La controversia también involucra infraestructuras estatales ya construidas, entre ellas dos torres del teleférico de Santiago que, según Tavárez, se encuentran dentro de los límites de la propiedad en disputa.
