La presidenta de Venezuela informó este domingo que mantiene diálogo directo con las multinacionales Siemens y General Electric para atender los problemas energéticos del país.
Las conversaciones ocurren después de que Washington relajara algunas de las sanciones contra el gobierno de Delcy Rodríguez, quien asumió el poder de forma interina tras la caída de Nicolás Maduro en una incursión estadounidense a Caracas el 3 de enero.
Rodríguez gobierna bajo presión de Estados Unidos, que dice «estar a cargo» del país y controlar su industria petrolera. Esta requiere de una millonaria inversión en infraestructura eléctrica para impulsar su producción.
La capital petrolera, Zulia (noroeste), es la más perjudicada por la crisis eléctrica. Sus habitantes padecen a diario interrupciones del servicio durante horas.
«Ya nosotros estamos en relación directa con Siemens y General Electric para resolver el problema eléctrico en el estado Zulia», afirmó la gobernante en un evento desde la capital de ese estado, Maracaibo.
«Hemos vuelto al escenario internacional, cientos de empresas han mostrado interés en invertir en el país«, dijo más tarde durante un breve discurso grabado en el que presentó los logros de sus 100 días de gestión.
«Estos 100 días no son un punto de llegada, son el inicio de una nueva etapa«, agregó.
Rodríguez no mencionó al depuesto Maduro en su mensaje.
El chavismo inició este domingo una serie de marchas en varias regiones del país para exigir el cese de sanciones. Las manifestaciones incluyen una «peregrinación» que finalizará en Caracas el 1º de mayo.
La iniciativa se enmarca en los esfuerzos de Rodríguez por normalizar sus relaciones internacionales, especialmente con Estados Unidos.
La mandataria ha dicho que más de un millar de sanciones perjudican el desarrollo del país.
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Estados Unidos ha emitido licencias para relajar las restricciones sobre las industrias petrolera, minera y eléctrica.
El tejido industrial venezolano se ha deteriorado por décadas de corrupción, desinversión y desidia, agravado además por las sanciones que se profundizaron en 2019.
