El mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón desistió este martes de su solicitud ante el Primer Tribunal Colegiado para evitar el decomiso de 7.8 millones que le fueron incautados durante la investigación del caso de corrupción que involucra a altos oficiales militares y policiales.
La semana pasada, su abogado había solicitado al tribunal rechazar el decomiso de ese monto, alegando que provenía de un préstamo obtenido de manera lícita a través del Banreservas. Sin embargo, durante la audiencia de este martes, la defensa retiró formalmente dicha petición.
A Girón se le incautó otros bienes considerados productos de la estafa de más de 4,500 millones de pesos contra el Estado, cuyos detalles no han salido a relucir y los cuales no fueron reclamados por el acusado en base a un acuerdo con el Ministerio Público.
En la audiencia de la pasada semana, Martínez también solicitó a la presidenta del tribunal, Esmirna Gisselle Méndez, no imponer la multa de 200 salarios del sector público, que ascienden a más de 3 millones de pesos como solicitaron los fiscales en sus conclusiones.
MP mantiene solicitud de decomiso
Previo a mencionar su desistimiento, en la audiencia del juicio de fondo este martes, el abogado Rubén Martínez se acercó a las tres juezas junto al titular de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, y el representante del equipo de abogados del Estado, José Alberto Ortiz, cuya conversación no se escucha en el en vivo de la vista y que se transmite por Youtube.
Camacho informó a Diario Libre que mantiene su solicitud del decomiso de los 7.8 millones de pesos y que “la defensa se apartó por una confusión, pero ya volvió a los términos del acuerdo”.
Se ignoran detalles de negociación
Los detalles del acuerdo del mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón con el Ministerio Público, no han sido revelados por el momento.
Lo pactado con el imputado se presentó de manera oral el pasado jueves ante el tribunal, cinco años después de someterse el caso de corrupción que salpica al mayor general Adán Beroni Cáceres, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep) durante los ocho años de gestión del expresidente Danilo Medina, así como al general Juan Carlos Torres Robiou, del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur y ahora Politur) y a otros altos militares y policiales.
“Mala fe” del Ministerio Público
El abogado Martínez, quien es defensor público y representa a Girón, acusó el jueves al Ministerio Público y al equipo de abogados querellantes del Estado “de mala fe” en cuanto “al acuerdo “que se había arribado en su momento” y que habían pedido se depositara al tribunal. Después de esa presentación del togado, se hizo la presentación oral de lo pactado.
Sin embargo, aún después de hacerse la exposición oral del arreglo al que se llegó y que, según los querellantes, incluye que únicamente se le perseguirá los bienes que el tribunal orden su decomiso si se le condena civilmente, el abogado de Girón demandó del tribunal rechazar la solicitud de despojarlo de los casi 8 millones de pesos, de su pasaporte, así como de imponerle la multa.
Las juezas del Primer Tribunal Colegiado son, además de su presidenta Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo
Las arriesgadas revelaciones de Girón
Girón, quien se desempeñaba como encargado del Departamento de Nómina del Cestur, es el testigo estrella del Ministerio Público y, desde las primeras audiencias del caso de corrupción hizo graves y arriesgadas declaraciones contra el mayor general Adán Cáceres; el subjefe del Cusep, general Julio Camilo De los Santos Viola; el director del Cestur, Juan Carlos Torres Robiou, y el coronel de la Policía Nacional, Rafael Núñez de Aza, quien fungía como gerente financiero de ambas instituciones.
Sus declaraciones, hechas en vivo y de las cuales se hicieron decenas de memes sobre los detalles que facilitó de las supuestas irregularidades, que incluía gastos exorbitantes, compra de propiedades y vehículos de lujo con dinero de las nóminas.
Según relató, los recursos eran sustraídos con nombramientos de policías y militares en la institución que no rendían labor y quienes devolvían la mayoría del salario a la supuesta red.
Mencionó también la venta de especialismo y de ascensos en las instituciones militares y castrenses por las que se cobraban cientos de miles de pesos a un solo beneficiado.
Debido a la relevancia de sus testimonios, Girón ha sido sometido a estrictas medidas de seguridad durante las audiencias, llegando incluso a presentarse disfrazado en algunas ocasiones.
Durante su conclusión, el 5 de febrero de este año, la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitó al tribunal, “en base a la cooperación efectiva que ha realizado con el Ministerio Público, colaboración que se ha mantenido”, cinco años de prisión, computados de la manera siguiente: “tomar en consideración el tiempo que lleva el imputado guardando prisión en arresto domiciliario para que esta pena sea computada como cumplida y los restantes sean de manera suspendida”.
Las condiciones de la pena suspendida presentadas por Ortiz es que resida en un domicilio fijo, abstenerse del porte y tenencia de armas de fuego y presentarse una vez al mes ante el juez de la pena para dar fe del cumplimiento de la pena.
Próximas etapas del juicio
El juicio de fondo continuará la próxima semana con la fase de réplica del Ministerio Público frente a los argumentos de las defensas. Se espera que el proceso concluya a finales de abril con una sentencia que podría ser absolutoria o condenatoria.
