El proceso contra el procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara acusado de soborno queda ahora en manos de la Suprema Corte de Justicia, quien deberá decidir si acoge la recusación presentada contra la magistrada Isis Muñiz, quien conocía hasta la solicitud de medida de coerción en su contra.
Hasta que ese alto tribunal se pronuncie, el conocimiento del caso permanece suspendido tras la defensa de Alcántara sostener que la jueza habría participado en diligencias vinculadas a la entrega controlada del dinero, lo que según argumentan la inhabilita para continuar al frente del caso.
«Ella participó cuando se hizo la entrega controlada. Tuvo contacto con el dinero, con videos y con pruebas que nosotros ni siquiera hemos tenido acceso», expresó el abogado Albert Delgado a la salida de la Segunda Sala de Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Por su parte, el director de la Pepca, Wilson Camacho aseguró que el proceso seguirá su curso y que los imputados deberán responder ante la justicia pese a su pedimento que calificó como un litigio temerario el recurso interpuesto por la defensa que solo busca retrasar el proceso.
Proceso
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El procurador reiteró que el órgano persecutor mantiene su solicitud de un año de prisión preventiva contra el imputado, acusado de presuntamente recibir un soborno de US$10,000 a cambio de favorecer a un testigo en un proceso bajo su responsabilidad.
Una vez emitida la decisión por la entidad judicial, el tribunal continuará con el conocimiento de la medida de coerción, ya sea con la misma jueza o con otra, dependiendo del fallo.
“No importa lo que hagan, no importa cuánto huyan, no importa cuántas manifestaciones de litigio temerario realicen, tarde o temprano se van a tener que enfrentar a los hechos y a las pruebas. No podrán seguir huyendo”, advirtió al señalar que el imputado deberá enfrentar los cargos.
