El municipalista y dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, Víctor Féliz, advirtió ayer que el proyecto de ley sobre intermediación inmobiliaria aprobado en el Senado resulta insuficiente para abordar los principales problemas del sector, al dejar fuera aspectos clave como la convivencia en condominios y la regulación de las rentas cortas tipo Airbnb.
Féliz valoró como positiva la iniciativa legislativa que busca profesionalizar a los intermediarios inmobiliarios mediante licencias y formación legal, incluyendo conocimientos sobre la Ley de Condominio y la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario, sin embargo, sostuvo que la pieza no logra cumplir plenamente su objetivo de reducir las estafas inmobiliarias.
“El proyecto es incompleto, porque deja fuera a los vendedores particulares, quienes pueden seguir comercializando propiedades sin regulación, lo que mantiene un vacío importante”, explicó.
“No se permite Airbnb”: a falta de regulación, desarrolladores establecen normas
El experto municipal señaló que, aunque se pretende controlar la actividad de intermediación, tanto propietarios individuales como abogados podrían continuar realizando operaciones sin necesidad de licencias, lo que limita el impacto real de la normativa.
Féliz insistió en que el mayor desafío actual está en la convivencia dentro de los condominios, especialmente ante el crecimiento de grandes complejos habitacionales en zonas urbanas.
Una fusión necesaria
En ese sentido, propuso retomar y fusionar la iniciativa legislativa con otro proyecto que cursa en la Cámara de Diputados, el cual plantea la creación de una Superintendencia de Condominios.
Según explicó, esta entidad permitiría una regulación integral que abarque no solo la intermediación inmobiliaria, sino también aspectos como la administración de condominios, el manejo de áreas comunes, la tenencia responsable de mascotas, la accesibilidad para personas con discapacidad y la supervisión de las rentas cortas.
Féliz subrayó que plataformas como Airbnb y Booking.com han generado conflictos de convivencia debido al flujo constante de inquilinos temporales, lo que impacta la seguridad, el ruido y el uso de espacios comunes.
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“No se trata de prohibir las rentas cortas, sino de regularlas. Deben establecerse controles de acceso, registro de huéspedes y aportes económicos para seguridad e infraestructura dentro de los condominios”, indicó.
También alertó sobre la existencia de miles de viviendas construidas por el Estado que carecen de títulos de propiedad, lo que agrava los conflictos en comunidades donde no se aplican adecuadamente las normativas de condominio.
El municipalista concluyó que, ante el crecimiento acelerado de proyectos residenciales de gran escala, el país podría enfrentar en los próximos años una crisis de convivencia urbana si no se adoptan medidas integrales.
