La audiencia para conocer la medida de coerción contra los 25 imputados de Senasa 2.0 fue fijada para este lunes a las 2:00 de la tarde, luego de que el Ministerio Público depositara el expediente ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, en el que solicita 18 meses de prisión preventiva y que el proceso sea declarado complejo
El documento de solicitud llegó a la sede judicial a las 11:55 de la noche del sábado, luego de dos jornadas de interrogatorios a los detenidos.
La nueva línea investigativa, denominada Operación Cobra 2.0-A, involucra a médicos, prestadores de servicios de salud y otras personas relacionadas con el sector.
Los arrestos se produjeron durante 37 allanamientos realizados en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega, en un operativo en el que participaron 45 fiscales y unos 200 agentes policiales.
Más de 4,300 autorizaciones bajo investigación
De acuerdo con los elementos de investigación expuestos por el Ministerio Público, la estructura habría utilizado datos de afiliados del Senasa para tramitar autorizaciones y facturar servicios médicos que estos no habrían solicitado ni recibido.
La pesquisa identificó 4,363 autorizaciones correspondientes a cirugías menores ambulatorias y consultas especializadas, por un monto de RD$41,125,551.02, entre enero de 2021 y febrero de 2025.
El Ministerio Público sostiene que, una vez efectuados los pagos, algunos médicos involucrados entregaban entre 40 % y 60 % de lo cobrado a integrantes de la estructura investigada, mediante efectivo o transferencias bancarias.
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Según las investigaciones, para generar las autorizaciones se utilizaban datos reales de afiliados, cuyos nombres eran empleados para registrar diagnósticos, consultas y procedimientos que supuestamente nunca fueron realizados.
En algunos casos, los afiliados contactados por los investigadores negaron conocer a los médicos que aparecían en sus expedientes y aseguraron que nunca recibieron los servicios registrados a sus nombres.
Incluso se detectaron casos de hombres a quienes figuraban consultas ginecológicas que posteriormente negaron haber recibido.
Defensa apuesta por la libertad
Mientras el Ministerio Público solicita prisión preventiva, algunas defensas preparan sus argumentos para la audiencia de este lunes.
El abogado Manuel Mateo Calderón, quien representa a dos de los médicos imputados, sostuvo que sus clientes pueden enfrentar el proceso en libertad porque, según afirmó, no representan peligro de fuga ni de obstaculización de la investigación.
Calderón señaló que sus representados conocían desde hacía aproximadamente un año que eran objeto de investigación y que, pese a ello, permanecieron en el país.
El jurista agregó que ambos médicos fueron arrestados en el Distrito Nacional, uno en su residencia y otro se entregó voluntariamente.
A su juicio, las condiciones personales de sus representados permiten que las pesquisas continúen sin necesidad de mantenerlos privados de libertad.
Calderón afirmó que la investigación puede continuar con sus clientes en libertad.
- «Perfectamente el proceso actual de investigación que se lleva en curso puede hacerse con ellos en libertad», enfatizó.
El expediente y los 25 imputados
Entre los sometidos figuran Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Lucreisy Polanco Núñez y Einstein Rafael Borromé Valdez.
También aparecen los médicos Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.
La lista incluye además a Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista y Víctor Felipe Rodríguez García, así como Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
