El exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y otros seis imputados en el fraude a esa ARS estatal continuarán en la cárcel porque, según el juez que revisó esa medida de coerción, es la «más idónea» por el peligro de fuga que representan los procesados en el caso de corrupción.
De los siete señalados, el único que no presentó nuevos presupuestos para buscar variar la medida fue Hazim debido a que, según su abogado, «era un ejército sin ningún sentido».
El juez del Séptimo Juzgado de Instrucción, quien es juez control de la investigación por el presunto fraude de casi 16 mil millones, Deiby Timoteo Peguero, sostuvo que los documentos que los demás imputados presentaron fueron insuficientes para cambiar la medida.
Además de Hazim, los otros seis que están en la cárcel Las Parras son los también exfuncionarios de la ARS Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones y Francisco Iván Minaya Pérez.
Asimismo, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera, está última está recluida en Najayo Mujeres.
La acusación
El Ministerio Público califica al grupo de «red criminal», la que se articuló en la ARS Senasa durante los cinco años de gestión de Hazim y quien habría diseñado la trama para «sustraer fondos públicos a través de mecanismos de corrupción y operaciones de lavado de activos».
Según los fiscales, el exdirector de la ARS junto a Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero de Senasa; Germán Rafael Robles Quiñones, consultor jurídico; Francisco Iván Minaya Pérez, gerente de Servicios de Salud, creó «programas especiales sin el debido sustento técnico ni financiero, los cuales fueron utilizados como un conducto para recibir sumas millonarias en sobornos«.
El órgano persecutor asegura que las coimas fueron pagadas por el empresario Eduardo Read Estrella, propietario de Khersun S.R.L., contratada por Senasa desde 2020 para ofrecer servicios de atención primaria dentro del régimen subsidiado; Ada Ledesma Ubiera, ejecutiva de la farmacéutica Lufaka; Cinty Acosta Sención, y Ramón Speakler Mate, quien figura como ejecutivo del Grupo Siulrod SRL.
Sostiene que los exfuncionarios «pagaron un incremento fraudulento» de facturación del Seguro Nacional de Salud «producto de sobretratamientos de los pacientes como los casos de pacientes oncológicos, abultando el número de sesiones de radioterapia y quimioterapia» y de otras especialidades, como la cardiología, en la que se colocaron «stents coronarios innecesarios».
