El Gobierno dominicano colocó bajo especial protección las principales infraestructuras y fuentes de agua del país mediante el Decreto 615-26, a través del cual combatirá el llamado «terrorismo medioambiental», principalmente en las áreas protegidas.
El presidente Luis Abinader sustentó el artículo 2 de la orden presidencial en la Ley 267-08 sobre Terrorismo, que señala las infraestructuras y ecosistemas del sector agua que son consideradas estratégicas. Estos son, según el artículo 8:
- Las presas
- Los embalses
- Lagos
- Canales principales de riego
- Acueductos
- Plantas de tratamiento de agua.
Además, el decreto identifica como “activos ambientales de especial protección” las cuencas hidrográficas prioritarias, los acuíferos, manglares, humedales, arrecifes coralinos, bosques protectores y nacimientos de ríos, así como otros ecosistemas cuya afectación grave pueda poner en riesgo la seguridad hídrica, alimentaria, ambiental o económica del país.
El párrafo del primer artículo aclara que el término “terrorismo ambiental” será usado para fines administrativos, preventivos y de coordinación interinstitucional cuando la situación lo amerite. Es decir, que una infracción no tendrá automáticamente esa calificación, sino que la conducta debe cumplir con los elementos exigidos por la legislación penal.
La identificación y neutralización de las amenazas vinculadas al «terrorismo medioambiental» contra los activos estratégicos estará a cargo del Comité Nacional Antiterrorista y de la Dirección Nacional Antiterrorista (DNA), indica el artículo 3.
El artículo 4 instruye a varias instituciones, incluyendo al Ministerio de Defensa, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el Ministerio Público, a diseñar un plan de prevención y combate al terrorismo ambiental.
En República Dominicana, el deterioro de los ecosistemas es evidente: extracción ilegal de arena, incendios provocados, conuquismo y contaminación de los ríos forman parte de una problemática que Diario Libre ha documentado durante años. Sus investigaciones más recientes, Bosques dominicanos: Conservación bajo asedio y Ríos dominicanos: Caudales en agonía, retratan la situación.
Otros datos del decreto
Durante la firma del decreto el pasado miércoles, Abinader catalogó como «actos terroristas medioambientales» las acciones perpetradas por desaparición o daño sistemático a los parques nacionales, y advirtió que serán perseguidos los dominicanos y extranjeros que cometan actos deliberados como quema de bosques y extracción de arena en ríos.
El decreto dispone que todas las agresiones contra el patrimonio ambiental deberán ser remitidas de inmediato al Ministerio Público, que tendrá a su cargo determinar las infracciones, ejercer la acción penal y dirigir las investigaciones correspondientes.
Al mismo tiempo, ordena habilitar plataformas tecnológicas y mecanismos de denuncia confidencial para que los ciudadanos puedan reportar actividades que amenacen los recursos naturales estratégicos, con garantías de protección para los denunciantes y colaboradores de buena fe.
Acciones inmediatas
El día de la emisión del decreto, el pasado miércoles, el ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, anunció la intervención de La Neverita, una zona del río Nizao, ubicado entre San Cristóbal y Peravia, donde el daño ambiental la convirtió en un atractivo turístico.
También dijo que ya se trabaja en la recuperación del río Haina.
En tanto, Abinader insistió en que el objetivo principal del Decreto 615-26 es establecer un régimen de consecuencias que permita disuadir y perseguir con mayor efectividad las acciones que deterioren los ecosistemas del país.
