En plena pandemia del COVID-19, cuando se prohibió el acceso a los espacios públicos, al transporte y al trabajo a quienes no presentaran una tarjeta de vacunación, un grupo de ciudadanos acudió a la justicia constitucional para impugnar estas medidas del Gobierno.
Sin embargo, el caso no fue conocido en el fondo por el Tribunal Constitucional (TC), no por una valoración de los derechos en discusión, sino por un retraso de más de tres años en su tramitación que provocó que la medida impugnada ya hubiera sido derogada cuando finalmente llegó a conocimiento del tribunal.
Esta problemática también ha afectado a otras demandas falladas recientemente.
El TC conoció este mes, marzo de 2026, un recurso contra la resolución del Ministerio de Salud Pública que exigía al menos dos dosis de vacuna o pruebas PCR para entrar a centros de trabajo, centros educativos, transporte público y establecimientos comerciales.
El expediente revela que el recurso fue interpuesto el 19 de noviembre de 2021 ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), en el momento más álgido de las restricciones sanitarias. No obstante, el caso no fue remitido al TC hasta el 13 de febrero de 2025.
Para entonces, la resolución impugnada ya había sido derogada y las medidas habían dejado de aplicarse, por lo que el TC, mediante la sentencia TC/0163/26, declaró que el caso carecía de objeto.
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La alta corte justificó su decisión señalando que “la falta de objeto se materializa cuando la causa que da origen al recurso ha desaparecido, de manera que carecería de sentido que el tribunal lo conozca”. Añadió que esto ocurre cuando “se ha consumado un hecho, se ha realizado el evento que se pretendía evitar o cuando el objeto de la acción de amparo se ha cumplido”.
En la práctica, el retraso en la tramitación impidió que el tribunal se pronunciara sobre los límites de las restricciones estatales en pandemia y su impacto en derechos fundamentales como la libertad, el trabajo y la igualdad.
El retraso en la tramitación de recursos afectó a otros casos fallados el 19 de marzo de este año por el Tribunal Constitucional. En decisiones recientes como las sentencias TC/0160/26 y TC/0161/26, la corte conoció recursos interpuestos en diciembre de 2020 que no fueron remitidos a su conocimiento hasta finales de 2025.
En ambos casos, uno de naturaleza laboral y otro penal, el TC rechazó los recursos y confirmó las decisiones previas, sin establecer nuevos criterios. Sin embargo, comparten la particularidad de que los expedientes tardaron casi cinco años en llegar al tribunal.
