El regidor del Partido Revolucionario Moderno (PRM) acusado de agredir sexualmente a su nieta durante cuatro años, habría violado a otra menor, a quien, supuestamente, también infectó de clamidia, una infección de transmisión sexual (ITS), según afirmó el abogado Waldo Paulino este jueves.
«Serían dos medidas de coerción por lo mismo, también infectó a otra niña con clamidia«, expresó.
Paulino explicó que existe otra querella relacionada con otro caso de violación sexual que involucra a una menor de 10 años y que la próxima semana se conocerá una nueva solicitud de medida de coerción en contra del regidor, lo que implicaría dos medidas de coerción.
El abogado también destacó que el acusado, quien durante la audiencia dijo tener 63 años y se identificó como regidor del PRM, no puede ampararse en su cargo para justificar sus actos.
Señaló que el hecho de ocupar un puesto político no le otorga derecho a causar daño a personas vulnerables, en este caso, niñas de 10 y 11 años.
Medida de coerción
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra el regidor por la acusación de haber abusado de su nieta, que en la actualidad tiene 11 años.
La decisión del tribunal establece que el acusado deberá cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres mientras continúan las investigaciones del caso. De acuerdo con Paulino, el tribunal consideró que en el expediente existen «indicios suficientes» que vinculan al acusado con los hechos denunciados.
Denuncia y repercusiones políticas
La denuncia fue presentada por la madre de la niña, quien llevó a su hija a evaluaciones médicas especializadas que confirmaron la situación.
Tras conocerse el caso, el presidente de Indotel, Guido Gómez Mazara, solicitó formalmente la expulsión del regidor de las filas del PRM, calificando su conducta como “inexcusable”.
De su lado, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, también pidió la expulsión del funcionario, afirmando que acusaciones de esta naturaleza no deben ser toleradas en ninguna organización política.
Según el representante legal de las víctimas, de ser hallado culpable, el regidor podría enfrentar hasta 30 años de prisión, que es la sanción máxima establecida por este tipo de delitos de abuso sexual contra menores.
