El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional rechazó “parcialmente” el pedimento del exjefe de seguridad de la distribuidora de Edenorte acusado de formar parte de una red de cobro de sobornos que afectó a las EDE, Inaipi y Senasa e integrada por militares y un civil.
Según el Ministerio Público, la magistrada Yanibet Rivas denegó, en parte, la solicitud de Bolívar Nicolás Fernández Espinal, exdirector de la Dirección de Seguridad Física de Edenorte, de que se ordenara la entrega de los bienes que le fueron retenidos mediante allanamiento.
“La jueza consideró que esos efectos podrían ser solicitados en decomiso posteriormente, que ella no estaba en las condiciones de poder fallar la devolución y rechazaba el recurso del imputado Bolívar Nicolás Fernández Espinal”, explicó la fiscal Rosa María Pichardo, representante del órgano acusador.
Pichardo también precisó que el Ministerio Público no se opuso a que la magistrada Rivas autorizara la devolución al imputado de elementos retenidos que no tienen valor para la investigación, los cuales no identificó.
Tampoco se citó los efectos que la magistrada rechazó ordenar que se le entregara.
Al civil Fernández Espinal se le imputa formar parte de la red de corrupción que impactó negativamente instituciones como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y las empresas distribuidoras de electricidad EdeNorte, EdeEste y EdeSur.
Es uno de los que han admitido su responsabilidad y negocian con los fiscales.
Suman cinco los imputados que admiten su participación en red de sobornos contra el Estado
Los demás imputados
Además de Fernández Espinal, el órgano persecutor señala al mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez, así como al coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar.
Asimismo, al primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el coronel de la Policía Nacional Ramón Quezada Ortiz, y al empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González.
De acuerdo con la imputación que hacen los fiscales, los acusados cobraron más de 100 millones de pesos en sobornos al empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González, propietario de la empresa Servicio Nacional de Seguridad Privada (Senase) y quien «guisó» desde el 2012 con «jugosos contratos» en las mencionadas entidades públicas.
Los imputados enfrentan cargos por soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos.
