El coordinador del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), Fernando P. Henríquez, afirmó que la estrategia implementada por República Dominicana en la lucha contra la corrupción y la recuperación de activos se ha convertido en un referente para otros países, que se acercan a las autoridades dominicanas en busca de asesoría sobre las medidas adoptadas.
Henríquez hizo la afirmación durante su participación en el Foro de Contrataciones Públicas, donde sostuvo que la creación del ERPP como política pública ha permitido atacar uno de los principales incentivos de los actos de corrupción: el enriquecimiento obtenido de manera ilícita.
«Ya corres el riesgo de no solamente perder aquello por lo que hiciste el acto de corrupción, sino que vienen también esas sanciones civiles e indemnizaciones que pueden poner en riesgo tu patrimonio anterior a ese acto», expresó, según una nota de prensa.
Interés internacional
Durante el panel «Rol de los organismos de control en la prevención de la corrupción», en el que también participaron el contralor general de la República, Geraldo Espinosa, y el director financiero de la Unidad de Antifraude de la Contraloría, Henríquez se refirió a la experiencia de República Dominicana en encuentros internacionales.
El coordinador del ERPP destacó su participación, junto con el director general de Compras y Contrataciones, Carlos Pimentel, en distintos foros, donde, según dijo, representantes de otros países han mostrado interés en conocer las estrategias desarrolladas en República Dominicana.
«Antes tenían que venir a asesorarnos a nosotros, y hoy por hoy en esos foros internacionales hacen fila para que nosotros les demos asesoría y les enseñemos y les mostremos lo que estamos haciendo en la República Dominicana«, manifestó.
- Henríquez consideró que la recuperación del patrimonio público incide directamente en el propósito económico que motiva los actos de corrupción, según el documento.
En ese sentido, planteó que la incorporación de la recuperación de activos en las decisiones judiciales, como complemento de las penas privativas de libertad, sería un elemento importante para combatir la corrupción, reducir la impunidad y evitar que los responsables obtengan algún beneficio de sus acciones.
Desafíos en la recuperación
El funcionario reconoció que todavía existen desafíos para hacer más efectiva la recuperación de los recursos sustraídos del erario, aunque destacó avances en la articulación interinstitucional y el fortalecimiento del ordenamiento jurídico.
La nota señala que, entre los retos, mencionó la necesidad de generar una mayor conciencia sobre la gravedad de los delitos de corrupción y de garantizar respuestas judiciales acordes con el daño que estos provocan.
«Existe el reto superlativo de poder cambiar también la percepción del Poder Judicial de que los actos de corrupción son unos delitos graves que ameritan tener respuestas y sanciones que se correspondan con el daño que hacen», puntualizó Henríquez.
El coordinador del ERPP también abogó por el fortalecimiento de una cultura de independencia en el Poder Judicial para garantizar que los procesos por corrupción sean conocidos y sancionados sin que intervengan intereses o vínculos personales.
