El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó la medida de coerción de arresto domiciliario contra el coronel Andrés Pacheco Valera, imputado de integrar una presunta estructura delictiva dedicada al pago de sobornos para garantizar contratos de seguridad privada de militares y civiles en instituciones del Estado.
La decisión fue adoptada por la jueza Yanibet Rivas, quien rechazó el pedimento y acogió la solicitud del Ministerio Público manteniendo la restricción judicial bajo el argumento de la gravedad de los hechos.
Además, se basó en el peligro de fuga y la posibilidad de que, por su condición de coronel activo e imputado, pueda interferir u obstaculizar el curso de la investigación en su contra.
Durante la audiencia, el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos solicitó un permiso al tribunal, el cual le fue concedido.
Ministerio Público dice red de sobornos pagó 100 millones de pesos para contratos de seguridad
El abogado Félix Portes, representante legal de Pacheco Varela, calificó la decisión como desigual e informó que apelará la decisión, señalando que la Tercera Sala de la Corte de Apelación ya ha revocado el arresto domiciliario a otros coimputados en el mismo proceso, otorgándoles medidas menos gravosas pese a enfrentar situaciones jurídicas similares o de mayor peso.
“Vamos a esperar la decisión íntegra para apelar, porque entendemos que hay otros coimputados que ya no están bajo arresto domiciliario y él tiene el mismo derecho a ser beneficiado en igualdad de condiciones”, expresó.
Modus operandi de la red
De acuerdo con el expediente, la empresa Servicios Nacional de Seguridad Integral (Senase) habría sido utilizada como vía para canalizar pagos ilícitos a funcionarios.
Entre los hallazgos, el Ministerio Público destaca transferencias millonarias para facilitar contrataciones, omitir supervisiones y agilizar pagos en distintas instituciones del Estado.
Las investigaciones señalan que el esquema impactó entidades como Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), Edenorte, Edeeste, Edesur y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Uno de los casos expuestos involucra a Edesur, donde se habrían transferido más de RD$ 15 millones en sobornos, mientras que en Edenorte, Andrés Pacheco Valera habría recibido unos RD$ 5.1 millones mediante pagos mensuales.
Implicados en la trama
En la lista de implicados figuran además el mayor general retirado Carlos Ambrosio Robles Díaz; los coroneles Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez; el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; el coronel de la Policía Nacional Ramón Quezada Ortiz; el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
