El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ordenó la apertura a juicio contra el exsenador y exministro Rafael Porfirio Calderón Martínez, uno de los imputados del caso por corrupción administrativa contra el Estado, al considerar que existen elementos suficientes para que las acusaciones formuladas por el Ministerio Público sean debatidas en un tribunal de fondo.
La decisión reviste especial importancia por la trayectoria política de Calderón. Médico de profesión, fue senador por la provincia Azua y ocupó la entonces Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo, desarrollando una carrera pública poco común al haber ejercido funciones relevantes tanto en gobiernos del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) como posteriormente en administraciones del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
- Por el mismo caso fue enviado a juicio otro exministro peledeísta, Donald Guerrero.
El expediente de Calderón fue separado del proceso principal debido a problemas de salud que impidieron su comparecencia junto al resto de los acusados, razón por la cual su situación procesal fue conocida de manera independiente.
El Ministerio Público le atribuye participación en una supuesta estructura criminal dedicada a defraudar al Estado mediante pagos irregulares de expropiaciones, reconocimiento fraudulento de deudas administrativas, cesiones simuladas de créditos y operaciones de lavado de activos.
Según la acusación, la red habría provocado un perjuicio superior a 41 mil millones de pesos a través de diversas modalidades de corrupción administrativa.
La resolución también recoge la tesis de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), que describe un entramado integrado por funcionarios y particulares que habría operado desde distintas instituciones públicas para obtener beneficios económicos ilícitos.
Ramón Peralta y Gonzalo Castillo
La decisión contrasta con el desenlace que tuvieron otros dos de los principales nombres vinculados al caso. En el proceso principal, los exministros José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo obtuvieron decisiones favorables que impidieron su envío a juicio de fondo, constituyendo uno de los reveses más significativos para la acusación presentada por el Ministerio Público.
Esa diferencia procesal deja a este caso por corrupción administrativa con escenarios distintos para sus principales protagonistas. Mientras Peralta y Castillo quedaron excluidos del juicio principal, Calderón deberá enfrentar ahora la fase de fondo del proceso, donde corresponderá a los jueces valorar las pruebas admitidas y determinar si las acusaciones pueden sostenerse más allá de la etapa preliminar.
La apertura a juicio no implica una declaración de culpabilidad, sino la conclusión judicial de que existen indicios suficientes para que el caso sea conocido en un tribunal que decidirá, tras el debate probatorio correspondiente, la responsabilidad o no del exfuncionario.
