El coordinador del proceso de regularización de los juegos de azar, Teófilo «Quico» Tabar, informó este miércoles que, una vez sea aprobada la ley que crea la Dirección General de Juegos, propondrá una revisión «exhaustiva» de las decisiones adoptadas al margen de los decretos que rigen el proceso de regularización.
El proyecto que regula las bancas de apuestas y deportivas fue aprobado por el Senado y el 24 de este mes fue sancionado por los diputados con modificaciones luego de declararlo de urgencia. Ahora la pieza deberá volver a la cámara alta.
La pieza legislativa busca establecer normas que regulen la autorización, fiscalización y supervisión de las personas físicas o jurídicas que desarrollen, operen o comercialicen actividades relacionadas con todo tipo de apuestas o juegos de azar en el territorio nacional.
En una declaración pública, Tabar recordó que asumió la coordinación de la regularización mediante el Decreto 63-22, emitido el 9 de febrero de 2022. También señaló que el Poder Ejecutivo reactivó el Consejo de Seguimiento a través del Decreto 197-26, del 26 de marzo de 2026, ampliando sus atribuciones para abarcar todas las modalidades de juegos de azar.
No obstante, indicó que ese organismo aún espera las disposiciones oficiales que le permitan ejercer plenamente las funciones establecidas en el decreto.
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Sobre el debate generado en torno a algunos artículos del proyecto de ley que cursa en el Congreso Nacional, Tabar afirmó que las diferencias responden a intereses propios de la actividad, aunque evitó emitir opiniones sobre los sectores involucrados.
Asimismo, adelantó que solicitará que las actuaciones realizadas fuera de los límites fijados por los decretos sean evaluadas tanto por la futura Dirección General de Juegos como por el Consejo de Seguimiento.
Pide no adoptar decisiones que impliquen cambios
El funcionario también llamó a empresarios, funcionarios y demás actores del sector a abstenerse de adoptar decisiones que impliquen cambios en el estatus de las operaciones de juegos de azar mientras se define el nuevo marco legal, con el fin de evitar acciones que puedan ser objeto de revisión posteriormente.
Tabar sostuvo que la iniciativa impulsada por el Gobierno representa una oportunidad para fortalecer la regulación del sector, transparentar los procesos y corregir irregularidades acumuladas durante años.
