Detrás de la investigación que llevó a las autoridades hasta una fundación en el municipio Haina, provincia San Cristóbal, donde fueron localizados 14 niños de entre tres meses y 13 años, aparece un hombre de 69 años identificado como Ángel Gabriel Capellán, conocido como “el Pastor” o “el Capellán”, y vinculado a la fundación “Restaurando Vida, Un Muerto que Revive”.
El nombre de Capellán salió a relucir luego de que un niño de 12 años escapara del lugar el pasado fin de semana y acudiera acompañado de un adulto al destacamento policial de Hatillo, donde relató que permanecía allí junto a otros niños y denunció presuntos maltratos, trabajos y privación de alimentos.
A partir del testimonio del menor, la Policía Nacional y el Ministerio Público iniciaron una investigación que derivó en dos allanamientos en el sector Las Paredes, donde fueron localizados los menores de edad y puestos bajo protección de las autoridades.
¿Qué decía hacer la fundación?
Según informó la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, la organización se presentaba como una entidad dedicada a brindar asistencia a familias vulnerables y personas en condición de orfandad, y habría comenzado a operar en 2016.
En sus declaraciones ante los investigadores, Capellán habría explicado que algunas madres entregaban temporalmente a sus hijos debido a dificultades económicas y que estos eran enviados a la escuela La Feliciana mientras sus familiares no podían hacerse cargo de ellos.
Fuga de menor lleva al rescate de 13 niños de una fundación por presunta red de maltrato infantil
De acuerdo con esa versión, la manutención de las personas que permanecían en el lugar se sostenía mediante actividades agrícolas, trabajos de albañilería y crianza de cerdos, además de ayudas que, según habría declarado, recibía de misioneros procedentes de Puerto Rico.
Quemaduras y hambre
Entre los casos que forman parte de las pesquisas figura el del adolescente que dio la voz de alerta, procedente de la provincia El Seibo, quien habría llegado a la fundación luego de que su madre lo entregara allí.
De acuerdo con su relato, denunció que había sido golpeado, quemado en las manos y privado de alimentos. También afirmó que era obligado a permanecer de rodillas durante períodos prolongados mientras sostenía objetos pesados sobre la cabeza.
El menor declaró, además, que no asistía a la escuela y que era obligado a realizar trabajos relacionados con madera para la construcción de una vivienda.
Estos señalamientos forman parte de las informaciones preliminares recopiladas por las autoridades, que deberán establecer mediante la investigación las circunstancias en que ocurrieron los hechos y las responsabilidades correspondientes.
El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, explicó que el caso permanece en una etapa de investigación y que, por el momento, las autoridades no tienen certeza sobre las circunstancias específicas en que los menores fueron llevados hasta la finca ni sobre el tiempo que permanecieron allí.
La investigación busca establecer también si existió una estructura organizada para captar, trasladar o mantener a los menores en el lugar y determinar la responsabilidad individual de las personas detenidas.
El vocero policial reiteró que será la jurisdicción especializada la encargada de establecer qué ocurrió, cómo llegaron los menores al lugar y si las personas investigadas incurrieron en delitos.
La ministra de Interior y Policía calificó el caso como una de las investigaciones más sensibles conocidas por la Fuerza de Tarea Conjunta, debido a la naturaleza de las denuncias y a la condición de vulnerabilidad de las presuntas víctimas.
