En el Gran Santo Domingo existe una brecha entre las obligaciones establecidas por la legislación municipal y la información que algunos ayuntamientos ponen a disposición de los ciudadanos.
A pesar de que el artículo 222 de la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios, establece que los cabildos deben facilitar la más amplia información sobre su actividad y la participación de los ciudadanos en la gestión municipal, en varias demarcaciones las decisiones del Concejo de Regidores no están disponibles o no se encuentran actualizadas en sus portales web.
Esto entra en contradicción con la Ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública, que dispone que todos los organismos públicos, incluidos el Distrito Nacional y los municipios, deben garantizar a la población el acceso a las comunicaciones públicas y utilizar sus respectivos portales digitales para facilitar su divulgación.
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Lo que significa que cualquier ciudadano puede encontrarse, de un día para otro, con el cambio de dirección de una vía, una nueva tarifa en uno de los servicios que ofrece el ayuntamiento o cualquier decisión adoptada por el Concejo de Regidores de su municipio, sin haber tenido acceso previo a esa información.
Dichas decisiones pueden generar molestias entre los ciudadanos, pero también desconcierto ante las actuaciones de los regidores, representantes municipales que deben velar por los intereses de la comunidad.
Los fallos
De los ocho ayuntamientos del Gran Santo Domingo, el cabildo del Distrito Nacional, dirigido por Carolina Mejía, es uno de los pocos que cumple con poner al servicio de su población las ordenanzas y resoluciones de su Concejo de Regidores.
- Entre las más recientes se encuentra la Resolución 38-2026, sobre la exoneración de pago y regularización de titulación de terrenos ubicados en el Cementerio Cristo Redentor a favor de la Asociación Nacional de Músicos, Cantantes, Bailarines, Locutores, Actores y Afines (Amucaba).
También está disponible la Ordenanza 11-2026, que regula el uso del espacio público.
Igualmente, el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, encabezado por el pastor Dío Astacio, mantiene disponibles las decisiones de su Concejo de Regidores.
Una de ellas es la Resolución 30-2026, que declara a Cristóbal Marte Hoffiz, como presidente del Proyecto Nacional de Voleibol Femenino y de La Norceca, como Hijo Adoptivo del Municipio Santo Domingo Este.
También ofrecen detalles sobre la Ordenanza 01-2026, sobre la regulación, creación, fomentación y certificación de la Unión de Jóvenes Sectorial.
- Sin embargo, en la Alcaldía de Santo Domingo Norte, al frente de Betty Gerónimo, a pesar de que se encuentran disponibles las memorias institucionales, la ejecución presupuestaria e incluso la lista de compras y contrataciones realizadas, las resoluciones municipales y ordenanzas aprobadas por los regidores no están actualizadas.
Transcurridos ocho meses de 2026, en la lista de ordenanzas del cabildo publicadas durante este año solo aparece la Resolución 67-2025. Mientras que en la carpeta correspondiente a 2025 apenas figura la Resolución 01-2025, sobre la propuesta de reglamento del proceso de Presupuesto Participativo Municipal (PPM).
El cabildo de Santo Domingo Oeste, dirigido por Francisco Peña, tampoco tiene actualizadas las resoluciones. En el portal web de la institución solo se encuentran dos documentos: la Resolución 06-2021, sobre los monumentos históricos del municipio, y la ordenanza que aprueba el Tarifario de Tasas y Arbitrios Municipales.
Asimismo, el Ayuntamiento de Pedro Brand, presidido por Ramón Pascual Gómez, solo están disponibles dos resoluciones; la correspondiente al Presupuesto Municipal de 2025 y la Resolución del Presupuesto Participativo Municipal (PPM) 2025.
Mientras tanto, la carpeta de resoluciones del Ayuntamiento de San Antonio de Guerra, al frente de Francisco Rojas García, se encuentra vacía.
Por su parte en Boca Chica, cuyo alcalde es Ramón Arístides Candelaria Santana, solo aparecen publicadas resoluciones correspondientes a 2020.
La falta de actualización de estas plataformas evidencia un incumplimiento de las obligaciones legales de transparencia y publicidad que tienen los ayuntamientos frente a la ciudadanía.
