La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (Dgspc) informó que continúan las requisas y otras acciones en los centros penitenciarios, luego de incautarles teléfonos celulares y objetos no autorizados a cinco reclusos en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, ubicado en el municipio San Antonio de Guerra.
La institución advirtió que el Operativo Nacional para la Erradicación de Ilícitos se mantendrá en todo el país y que se someterá a la justicia a los familiares, abogados y miembros del personal que sean sorprendidos en estas prácticas.
La institución indicó que, mediante esta estrategia del operativo, drogas, alcohol y celulares son interceptados al momento de intentar ser introducidos a los internos.
En un comunicado de prensa, la Dgspc dice que las personas involucradas en estos ilícitos son traducidas a la justicia, incluyendo miembros del personal cómplices de estos hechos, como es el caso más reciente en el centro penitenciario de Montecristi.
“Igual situación ha sido enfrentada con familiares y abogados de los privados de libertad Ángel David Medina Paredes (Guindo), condenado a 30 años de prisión por dirigir una red de narcotráfico y secuestros, Rafi de León, Freddy Manuel Thompson, Fraudy Antonio Castillo y Jairo Amparo de recién ingreso en el CCR Las Parras y a quienes les fueron ocupados teléfonos celulares y otros objetos no autorizados”, subraya la Dgspc.
Agregó que fruto de esta situación, esos privados de libertad permanecerán recluidos en celdas de aislamiento individual, hasta tanto la Comisión de Evaluación y Sanción conozca y determine las medidas correspondientes, conforme a los procedimientos establecidos, así como las investigaciones internas relativas al personal.
Mujer fue procesada
En junio pasado, una jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso tres meses de prisión preventiva a Mercedes Ogando Montero, imputada de intentar introducir sustancias narcóticas Las Parras.
La medida se impuso para ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en la provincia San Cristóbal, mientras el Ministerio Público continúa las investigaciones del caso.
