El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, informó hoy que el Gobierno iniciará este miércoles un proceso de diálogo con distintos sectores nacionales para construir un acuerdo que permita enfrentar los efectos de la crisis global causada por la guerra en Oriente Medio.
La primera reunión, que incluirá representantes de los sectores productivos, políticos y sociales, se realizará en horas de la tarde en el Ministerio de Economía y Hacienda.
Paliza explicó que la iniciativa surge como respuesta a la crisis internacional originada conflicto bélico en el Medio Oriente, la cual podría impactar el desempeño económico del país.
“Buscamos construir alternativas y mecanismos que nos permitan mantener los niveles de crecimiento estimados, al tiempo que mitigamos los efectos, sobre todo en la población más necesitada”, indicó.
Señaló que el Gobierno ya ha contactado a líderes de la oposición y a representantes empresariales para integrarlos al proceso, que incluirá consultas y encuentros en busca de consensos.
El ministro agregó que en estas reuniones también se discutirán posibles medidas adicionales y se escucharán propuestas que contribuyan a fortalecer la estabilidad económica del país frente al contexto internacional.
Freno al crecimiento de la nómina pública
De su lado, el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, afirmó que el Estado ha adoptado medidas para controlar el gasto, especialmente en lo relativo al crecimiento de la nómina pública.
Indicó que desde hace meses se mantienen restricciones en la creación de nuevas plazas y en aumentos salariales, como parte de un esfuerzo por contener el gasto corriente.
“El Estado también debe apretarse el cinturón para que el gasto se mantenga controlado”, expresó.
- Freund precisó que solo se están priorizando posibles incrementos en áreas esenciales como salud, educación y seguridad, mientras que en otros sectores las aprobaciones son más limitadas.
Estas declaraciones fueron ofrecidas por los ministros tras participar en una reunión en el Senado, donde se analiza una propuesta de modificación a la Ley 33-18 de Partidos, con el objetivo de reforzar los controles sobre el financiamiento político y evitar la entrada de recursos ilícitos en las organizaciones partidarias.
